En respuesta al marcado aumento en el precio de las viviendas, que ha registrado un incremento del 48% en la última década frente al crecimiento de los ingresos familiares, el gobierno de España ha propuesto imponer un impuesto del 100% sobre las propiedades compradas por no residentes de países fuera de la Unión Europea. El primer ministro Pedro Sánchez anunció esta medida en un intento por combatir la especulación y priorizar el acceso de los residentes locales a viviendas a precios accesibles.
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Durante el 2023, los compradores no pertenecientes a la UE adquirieron unas 27,000 propiedades en el país, contribuyendo significativamente a la especulación inmobiliaria. En total, las ventas a extranjeros representaron aproximadamente el 15% del mercado inmobiliario español, equivalentes a 87,000 de las 583,000 transacciones realizadas ese año.
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Además del impuesto, el gobierno español ha delineado una serie de medidas adicionales para abordar la crisis de vivienda:

- Ampliación de la oferta de viviendas sociales: Actualmente representan solo el 2.5% del total de viviendas en España.
- Incentivos para renovación y alquiler de propiedades vacías: Destinados a ofrecer opciones de alquiler a precios asequibles.
- Aumento de impuestos sobre alquileres turísticos: Así como la implementación de regulaciones más estrictas para este tipo de alquileres.

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Sánchez no ha proporcionado detalles específicos sobre la implementación del impuesto ni un cronograma para su presentación al parlamento. El gobierno ha enfrentado dificultades para obtener los votos necesarios para aprobar nuevas leyes, lo cual podría influir en la viabilidad de esta propuesta.
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Este impuesto propuesto guarda semejanza con políticas establecidas en países como Dinamarca y Canadá, que presentan impuestos comparables sobre propiedades adquiridas por no residentes. Sin embargo, expertos en bienes raíces han manifestado que este enfoque es extremo y podría desincentivar a compradores extranjeros, afectando el mercado inmobiliario. Actualmente, en regiones como Valencia, tanto residentes como no residentes, pagan un impuesto de transferencia del 10% sobre el valor de la propiedad.
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La medida también se produce en un contexto de creciente descontento social, con protestas en diferentes ciudades de España en respuesta a la crisis de vivienda y el impacto del turismo masivo en la disponibilidad de viviendas para residentes locales.
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Como parte de los esfuerzos del gobierno, también se planea abolir el esquema de "visa dorada", que permitía a extranjeros obtener residencia rápida mediante la compra de propiedades por un valor mínimo de 500,000 euros.
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Este conjunto de medidas refleja un esfuerzo significativo por parte del gobierno español para equilibrar la necesidad de acceso a la vivienda de sus residentes con la influencia del turismo y la inversión extranjera en el mercado inmobiliario.