El 14 de septiembre de 2024, el régimen de Venezuela comunicó la detención de seis extranjeros, acusados de estar involucrados en un supuesto complot para desestabilizar el país y asesinar al presidente Nicolás Maduro. Los arrestados incluyen a tres ciudadanos estadounidenses, dos españoles y un checo. Diosdado Cabello, ministro del Interior venezolano, afirmó que el complot estaba liderado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y que se habían confiscado más de 400 rifles relacionados con la operación.
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Castañeda, miembro de la Marina de EE. UU., fue sindicado como el líder del supuesto complot, siendo arrestados también David Estrella y Aaron Barrett Logan. En cuanto a los ciudadanos españoles, fueron identificados como José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme, y el checo detenido fue Jan Darmovzal.
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Desde Estados Unidos, el Departamento de Estado rechazó categóricamente las acusaciones de la implicación de la CIA en el supuesto complot. “Las acusaciones de implicación de la CIA son categóricamente falsas”, manifestó un portavoz del Departamento de Estado, confirmando la detención del miembro militar estadounidense y señalando que estaban al tanto de informes no confirmados sobre la detención de los otros dos ciudadanos estadounidenses.
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Las tensiones entre Venezuela y EE. UU. se han acrecentado después de las elecciones presidenciales de julio, en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador con un 52% de los votos. Sin embargo, la oposición venezolana afirma que su candidato, Edmundo González, obtuvo el doble de votos que Maduro. Diversos líderes internacionales, en su mayoría latinoamericanos, no reconocieron los resultados electorales, lo que derivó en protestas masivas y la detención de miles de activistas opositores.
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El contexto político ha sido marcado por la imposición de sanciones de EE. UU. a 16 funcionarios del gobierno de Maduro el 12 de septiembre, señalándolos por su supuesta participación en la obstrucción de las elecciones y en violaciones de derechos humanos. En paralelo, se reportó la confiscación de un avión venezolano utilizado por Maduro en la República Dominicana y la vigilancia sobre otro avión vinculado a su gobierno.
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En respuesta a la creciente disidencia, las autoridades venezolanas han intensificado la represión, con informes que apuntan a más de 2,400 arrestos durante las recientes protestas. Este clima de represión y las acusaciones mutuas han contribuido a elevar las tensiones entre los dos países. Esta no es la primera vez que el gobierno venezolano acusa a ciudadanos extranjeros de planear complots en su contra. En 2019, también se realizaron detenciones bajo acusaciones similares, aunque sin pruebas concluyentes.