Elon Musk ha desatado una polémica al llamar "fascistas" a las autoridades australianas en respuesta a la propuesta de una nueva legislación dirigida a combatir la desinformación en línea. La legislación, impulsada por el gobierno laborista de Australia, podría imponer sanciones severas, incluyendo multas de hasta el 5% de la facturación global, a las empresas de redes sociales que no cumplan con los estándares exigidos por los reguladores.
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La ley requiere que las plataformas tecnológicas como X (anteriormente Twitter), propiedad de Musk, establezcan códigos de conducta aprobados por un regulador para prevenir la diseminación de información peligrosa. En caso de incumplimiento, se impondrían sanciones económicas significativas y se exigiría el cumplimiento de un estándar establecido por las autoridades reguladoras.
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Musk, conocido por su defensa de la libertad de expresión, expresó su desaprobación con un escueto mensaje en X en el que calificó al gobierno australiano de "fascistas". Este comentario ha desencadenado una serie de respuestas por parte de funcionarios australianos. Bill Shorten, el ministro de Servicios Gubernamentales, ha criticado a Musk señalando que su postura sobre la libertad de expresión varía según sus intereses comerciales. Por su parte, el tesorero asistente, Stephen Jones, describió los comentarios de Musk como "cosas de locos" y defendió la ley como una medida de soberanía nacional, necesaria para proteger a los ciudadanos australianos de pérdidas económicas significativas debido a estafas y contenido ilegal.
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Michelle Rowland, ministra de Comunicaciones, también se pronunció, subrayando que la desinformación representa una grave amenaza para la seguridad y bienestar de los australianos, además de afectar la estabilidad democrática y económica del país.
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Este enfrentamiento no es el primero entre Musk y las autoridades australianas. Recientemente, X impugnó una multa de 610,500 dólares australianos (aproximadamente 388,000 dólares estadounidenses) impuesta por un regulador de seguridad en línea por no manejar adecuadamente material de abuso sexual infantil. Además, en abril, Musk acusó a Australia de censura tras un fallo judicial que ordenó a X eliminar contenido gráfico relacionado con un ataque violento.
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En este contexto, la legislación sobre desinformación de Australia se presenta como una respuesta a los crecientes problemas de seguridad en línea, reafirmando el derecho del gobierno a legislar en esta área para proteger a sus ciudadanos. La multa impugnada por X de 610,500 dólares australianos es equivalente a aproximadamente 388,000 dólares estadounidenses, resaltando la gravedad con la que el gobierno australiano maneja las infracciones de las plataformas tecnológicas.