El 23 de agosto de 2024, diez gobiernos de América Latina y Estados Unidos emitieron un comunicado conjunto rechazando la decisión del Tribunal Supremo de Venezuela, que confirmó la controvertida reelección de Nicolás Maduro. El fallo del tribunal, considerado leal a Maduro, fue calificado de fraudulento por varios líderes, incluido el presidente de Chile, Gabriel Boric, quien afirmó: “No tengo dudas de que esta elección ha sido robada”.
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Los países que firmaron el comunicado son: Argentina, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Estados Unidos. En el comunicado, pidieron una “auditoría imparcial e independiente” de los resultados electorales y expresaron su “profunda preocupación” por las violaciones de derechos humanos que han ocurrido durante la represión post-electoral, que según activistas ha llevado a la detención de más de 1,600 personas y al menos 24 muertes.
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El portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Vedant Patel, afirmó que la decisión del tribunal carece de “toda credibilidad” y que hay “evidencia abrumadora” de que el rival de Maduro, Edmundo González, recibió más votos en las elecciones del 28 de julio. La Unión Europea también se unió a las críticas, indicando que sus 27 estados miembros no reconocerán la reelección de Maduro sin resultados verificables.
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Los presidentes de Brasil y Colombia, Luiz Inácio Lula da Silva y Gustavo Petro, respectivamente, han manifestado que no reconocerán la reelección de Maduro sin ver los detalles de los votos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también expresó que desea ver los resultados detallados antes de aceptar el resultado oficial.
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A pesar de las críticas internacionales, Maduro, quien cuenta con el apoyo de las fuerzas armadas de Venezuela y de los gobiernos de Rusia y China, está programado para asumir su tercer mandato de seis años el 10 de enero de 2025. El Tribunal Supremo de Venezuela ha sido calificado de leal al gobierno de Nicolás Maduro, lo que ha generado escepticismo sobre sus decisiones judiciales tanto a nivel nacional como internacional.