La situación de los detenidos palestinos en Gaza continúa siendo objeto de controversia y condena internacional. Según las cifras más recientes, más de 3,400 palestinos habían sido apresados bajo la ley de combatientes ilegales para diciembre de 2024. Se estima que cientos de ellos permanecen retenidos en campamentos militares israelíes, a menudo en condiciones que organismos internacionales han calificado como violatorias de derechos humanos.

Desde el 7 de octubre de 2023, las normas sobre las condiciones de los detenidos palestinos han endurecido significativamente. Se prohibió cualquier tipo de comunicación entre los reclusos y sus familias, incluyendo visitas, cartas y llamadas telefónicas. Además, los prisioneros no tienen acceso a medios de comunicación como televisión y radio, lo que los mantiene completamente aislados del exterior y agrava su estado mental. Numerosos informes denuncian que los presos sufren hambre, tortura e intensos episodios de aislamiento, lo que afecta gravemente tanto su salud física como psicológica.

Un caso emblemático es el de Ahmed Wael Dababish, quien fue detenido sin juicio ni acceso a un abogado durante 13 meses. Mientras se encontraba bajo custodia, su familia fue víctima de un ataque en diciembre de 2023 por tropas israelíes, resultando en la muerte de su esposa, Asma, de 29 años, y su hija Ghina, de tan solo 3 años, en agosto de 2024. Ahmed fue liberado en febrero de 2025 tras 33 meses encarcelado y solo pudo conocer las trágicas noticias sobre su familia al ver una foto en el teléfono de su padre.

La organización Addameer ha denunciado que esta política busca mantener a los prisioneros en completo desconocimiento sobre el estado de sus familias. Estas prácticas han llevado a organizaciones como Amnesty International a calificar el sistema de detención como una forma institucionalizada de incomunicación que perpetúa desapariciones forzadas. En este contexto, las cifras del conflicto son alarmantes: entre octubre de 2023 y marzo de 2025, al menos 48,577 palestinos han fallecido y 112,041 han resultado heridos en Gaza, dejando una huella devastadora en la región.

La preocupación de la comunidad internacional se centra también en el marco legal que permite estas detenciones prolongadas sin la presentación de pruebas concretas ni juicios. Derecho al abogado, procedimientos legales adecuados y acceso a la justicia son derechos fundamentales que, según los denunciantes, no están siendo garantizados por las autoridades israelíes.

Por otra parte, grupos de derechos humanos han documentado un aumento en las denuncias de abusos y condiciones degradantes en las prisiones israelíes, lo que amplifica la gravedad del impacto humanitario sobre los presos y sus familias. Estas condiciones han llevado a que más organizaciones internacionales levanten la voz en contra de este sistema coercitivo e insten a la acción inmediata para proteger los derechos fundamentales de los palestinos.

La noción del "aislamiento total" de los detenidos palestinos llegó a tal punto que desde octubre de 2023 se les privó incluso de acceso a televisión y radio, dejándolos completamente ajenos a cualquier noticia sobre sus familias o el mundo exterior, una medida que ha sido ampliamente criticada por abogados y activistas de derechos humanos.