Tras una investigación que se extendió por dos años y medio, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Corea del Sur presentó un informe que documenta graves irregularidades en el sistema de adopciones internacionales del país. Desde su concepción tras la guerra de Corea (1950-1953) hasta finales del siglo XX, Corea del Sur facilitó, según la Comisión, la "exportación masiva" de niños hacia el extranjero, con un total de 141,778 menores adoptados por familias de 15 países, incluidos Estados Unidos, Francia, Dinamarca y Suecia.

El informe destaca que esta práctica, especialmente activa durante las décadas de 1970 y 1980, representaba una industria lucrativa para las agencias de adopción, que establecían tarifas sin regulación estatal. Además de recibir "donaciones" obligatorias de los padres adoptivos, las agencias carecieron de supervisión gubernamental, lo que permitió graves violaciones como falsificación de documentos, modificaciones en identidades de niños fallecidos, y falta de consentimiento legal de los padres biológicos. Entre los hallazgos más preocupantes, está la práctica sistemática de registrar bebés como huérfanos cuando no lo eran.

El nivel de supervisión estatal era casi inexistente. En 1984, hasta un 99% de las solicitudes de adopción internacional fueron aprobadas en solo uno o dos días, evidenciando la falta de escrutinio en cada caso. Estas condiciones facilitaron un sistema propenso a abusos y a prioritizar objetivos económicos ajenos al bienestar de los niños implicados.

El estudio también recopila testimonios de adoptados que, al buscar información sobre sus raíces, se encontraron con documentos adulados, informes falsificados y la imposibilidad de reconstruir sus historias familiares. La Comisión recibió un total de 367 quejas relacionadas con este proceso de adopciones, de las cuales 56 casos han sido formalmente reconocidos como violaciones de derechos humanos.

En respuesta a las revelaciones, Corea del Sur ha tomado medidas para reformar su sistema de adopciones. Una nueva ley que transfiere la responsabilidad de las adopciones internacionales a un ministerio gubernamental, en lugar de permitir su gestión por agencias privadas, entrará en vigor en julio de 2023. Asimismo, el informe recomienda al gobierno emitir una disculpa oficial y realizar un estudio detallado sobre la situación de ciudadanía y derechos de las personas adoptadas.

El informe ha desatado críticas hacia décadas de negligencia y explotación estatal, subrayando que el sistema no solo afectó a los niños enviados al extranjero, sino que también estableció un precedente cuestionable en el manejo de políticas de bienestar infantil.

En las décadas de 1970 y 1980, Corea del Sur registró la tasa más alta de adopciones internacionales en el mundo, exportando más de 1 de cada 100 recién nacidos al extranjero durante esos años.