En un veredicto contundente, el tribunal de Coblenza en Alemania condenó a cuatro hombres y una mujer pertenecientes al grupo extremista "Patriotas Unidos" por planear un golpe de estado y el secuestro del ministro de Salud, Karl Lauterbach. Las sentencias dictadas para los hombres, cuyas edades van de 46 a 58 años, van de cinco años y nueve meses a ocho años de prisión. Por su parte, la mujer sentenciada, de 77 años, enfrentará una pena de dos años y diez meses.

El tribunal determinó que el grupo había comenzado a conspirar en enero de 2022, con el propósito de desestabilizar a Alemania y generar las condiciones para una guerra civil. Uno de los elementos clave de su plan incluía un ataque de sabotaje a la red eléctrica nacional, denominado "Noche Silenciosa", con el fin de causar caos en todo el país. Los conspiradores esperaban que, en medio de la confusión, elementos descontentos de las fuerzas de seguridad se sumaran a su causa.

Entre otros planes de los acusados estaba el secuestro del ministro Lauterbach, conocido defensor de las estrictas políticas contra el Covid-19 durante la pandemia. Según la evidencia presentada, el grupo estaba dispuesto a asesinar a los guardaespaldas del ministro en caso de ser necesario para lograr su cometido. Tras el fallo judicial, Lauterbach agradeció públicamente tanto a las fuerzas policiales como al sistema judicial por haber frenado la amenaza y llevado a los responsables a la justicia.

Las investigaciones revelaron que el grupo extremista estaba influenciado por teorías de conspiración, incluidas aquellas promovidas por el movimiento QAnon. Se señaló además que el príncipe Heinrich XIII de Reuss, un aristócrata alemán, estaba vinculado al liderazgo de la organización. Este caso se enmarca en el contexto de un aumento de la actividad de extrema derecha en Alemania, con el movimiento Reichsbürger, conocido como "Ciudadanos del Reich", identificado como una amenaza creciente para la seguridad nacional.

Las detenciones de estos cinco acusados tuvieron lugar en abril de 2022, y el juicio se prolongó por más de un año, iniciándose en mayo de 2023. La ministra del Interior, Nancy Faeser, subrayó la seriedad del caso, calificándolo como un ejemplo claro de los peligros que representan los movimientos radicales para el estado democrático y prometió que las fuerzas de seguridad seguirán trabajando para neutralizar estas amenazas.

Este juicio es uno de varios casos recientes relacionados con esfuerzos para frenar el activismo de la extrema derecha en Alemania, un fenómeno que ha experimentado una notable radicalización en los últimos años.

El movimiento Reichsbürger, al que se vincula este grupo extremista, considera que el estado alemán actual no tiene legitimidad y aboga por restablecer la frontera del Imperio Alemán como existía antes de la Segunda Guerra Mundial.