La Procuraduría General de la Nación anunció una inhabilitación de ocho años para Juan Carlos Upegui, exconcejal de Medellín y excandidato a la Alcaldía. La sanción se fundamenta en una supuesta inhabilidad ligada al cargo de su padre, Carlos Alberto Upegui Mejía, quien fue nombrado rector de una institución educativa pública vinculada a la Alcaldía de Medellín en junio de 2023, durante las elecciones regionales de 2022.
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La decisión de la Procuraduría se centra en la participación de Upegui en las elecciones regionales del 29 de octubre de 2023, en las cuales obtuvo el segundo lugar. Según el Estatuto de la Oposición, esto le otorgaba automáticamente una curul en el Concejo Municipal. Sin embargo, el ente de control determinó que la posición de su padre como rector representaba una irregularidad legal suficiente para justificar la inhabilitación.
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En respuesta, Juan Carlos Upegui ha calificado la sanción como "un acto de persecución política" y ha acusado al uribismo de influir en la decisión. Upegui ha manifestado su intención de apelar la decisión, argumentando que su padre no tenía autoridad administrativa directa en su cargo educativo y, por ende, no existía una falta disciplinaria que justificara semejante sanción.
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Esto no es un incidente aislado para Upegui. En febrero de 2024, el Tribunal Administrativo de Antioquia decretó la pérdida de su investidura como concejal, y en julio de ese mismo año, su elección fue anulada oficialmente. Posteriormente, el 3 de octubre de 2024, el Consejo de Estado confirmó la nulidad, lo que llevó a Upegui a dejar su curul, la cual fue ocupada por Camila Gaviria del partido Creemos, liderado por el alcalde Federico Gutiérrez.
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La decisión de la Procuraduría ha generado una ola de reacciones y críticas, principalmente entre los cercanos a Upegui. El exalcalde Daniel Quintero expresó su descontento, calificando la medida como un claro ataque a la oposición en Medellín. En sus palabras, es una muestra evidente de la instrumentalización de las instituciones para beneficios políticos.
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Este último fallo de la Procuraduría podría tener implicaciones significativas en el panorama político de Medellín, dada la prominencia y el historial de denuncias políticas por parte de Upegui y sus partidarios.