Durante una cumbre en Bruselas, los líderes europeos debatieron la implementación de medidas más estrictas para combatir la inmigración ilegal en la región. La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, presentó un plan innovador para transferir a los solicitantes de asilo a centros en Albania, desde donde podrían llevarse a cabo las deportaciones.
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La propuesta de Meloni recibió el respaldo de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien subrayó la necesidad de utilizar "soluciones innovadoras" para enfrentar este desafío. Sin embargo, la idea contó con el escepticismo de algunos líderes, como Olaf Scholz, el canciller alemán, quien destacó que únicamente el 20% de los migrantes ilegales logra ser deportado de manera efectiva. En 2022, Alemania registró la entrada de aproximadamente 300,000 migrantes irregulares.
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En el transcurso de la cumbre, se analizó la creación de centros de espera en las fronteras europeas y la urgencia de actualizar la directiva de 2008 sobre los retornos de inmigrantes ilegales, que muchos consideran obsoleta. Las opiniones entre los estados miembros de la UE mostraron divisiones claras. Algunos países del Este expresaron su oposición a las reformas propuestas, mientras que naciones como España abogaron por establecer acuerdos con terceros países para gestionar mejor los flujos migratorios.
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El "modelo Meloni" representa un cambio significativo en la política migratoria europea. Su plan contempla la creación de "centros de retorno" fuera de la UE, una idea que previamente había sido criticada por la Comisión Europea por potencialmente vulnerar las convenciones internacionales sobre refugiados. No obstante, la Comisión Europea anticipa la introducción de nuevas leyes que podrían incluir sanciones para aquellos migrantes que no cumplan con las órdenes de deportación.
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En paralelo, Turquía ha jugado un papel relevante en la gestión de la crisis migratoria. Recibió más de €11 mil millones de la UE para atender a casi 4 millones de refugiados sirios. A pesar de esta gigantesca suma, Turquía ha comenzado a usar esta infraestructura para deportar a migrantes a sus países de origen.
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Migrantes en centros de detención turcos, financiados por la UE, han reportado abusos y condiciones inhumanas. Un migrante, por ejemplo, afirmó haber pasado de 73 kg a 44 kg debido a la falta de atención médica. En 2023, Turquía deportó a más de 160,000 migrantes, siendo su mayor cifra registrada. Además, las deportaciones de afganos se incrementaron notablemente, con más de 66,000 deportados solo en 2022.
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Las prácticas turcas de deportación forzada han suscitado críticas de varias organizaciones humanitarias, que han tildado el modelo como un "experimento político peligroso". A pesar de las denuncias sobre violaciones de derechos humanos, la UE se enfrenta a severas críticas por su aparente permisividad respecto al uso de sus fondos.
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En respuesta a esta compleja situación, la Comisión Europea planea presentar nuevas propuestas legislativas que establezcan obligaciones claras para los migrantes dentro del proceso de retorno, buscando equilibrar la seguridad y las necesidades humanitarias.