Este viernes, 18 de octubre, se conoció la polémica resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE), mediante la cual se abrió una investigación formal contra la campaña presidencial de Gustavo Petro y se formularon cargos por una supuesta violación de los topes de financiación. Esta acción, además de inconstitucional, constituye un ataque directo al Estado de Derecho y a los principios fundamentales establecidos en la Constitución de Colombia.

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El CNE, una entidad claramente politizada, ha decidido extralimitarse en sus funciones al formular cargos contra el presidente Gustavo Petro y su equipo de campaña. Según la Constitución, el CNE no tiene la autoridad ni la competencia para investigar o sancionar al presidente de la República, una función que corresponde exclusivamente a otros órganos del Estado. Esta flagrante violación de las competencias institucionales demuestra que el CNE ha decidido actuar con fines políticos y no en defensa de la justicia.

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El exfiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ya había advertido sobre la ilegalidad de estas acciones, calificándolas de prevaricato por acción. Los magistrados que aprobaron esta resolución —Álvaro Hernán Prada y Benjamín Ortiz— han llevado a cabo un acto que rompe con la legalidad y constituye una clara violación de la Constitución. Este tipo de acciones, contrarias a la ley, son castigadas con severas sanciones, incluida la prisión.

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El presidente Gustavo Petro no ha dudado en condenar esta resolución del CNE, señalando que "el documento al expresar, con firma de funcionarios, que se ha investigado al presidente de la República, rompe por completo el Estado de Derecho, la Constitución Nacional y el bloque de constitucionalidad". Petro subraya que esta decisión también viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual Colombia está obligada a respetar y que el Consejo de Estado ha sido llamado a proteger.

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Según Petro, los funcionarios firmantes están "incursos en el delito de prevaricato por acción con dolo", lo que significa que actuaron con plena conciencia de que sus decisiones son contrarias a la ley. Este acto, afirma el presidente, representa un intento claro de golpe de Estado, dado que busca despojarlo de su cargo utilizando procedimientos ilegales.

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Este atropello contra la Constitución y la democracia no puede quedar sin respuesta. El presidente ha advertido que el pueblo colombiano queda "facultado legítimamente para actuar, como lo decida, contra el golpe de Estado". La legitimidad de las instituciones no puede ser usada como una herramienta para fines políticos ni para desestabilizar el orden constitucional del país.

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El CNE, al actuar como un instrumento político, ha cruzado una línea que amenaza con sumir a Colombia en una grave crisis institucional. Si las instituciones no respetan las normas establecidas y actúan por fuera de la ley, se pone en peligro la democracia misma. La Fiscalía General de la Nación debe tomar cartas en el asunto y abrir una investigación contra los magistrados responsables de este prevaricato flagrante, con el fin de preservar el orden jurídico y castigar a quienes buscan desestabilizar al país desde dentro del propio sistema.

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Un Golpe a la Democracia que No Puede Tolerarse

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La Constitución y el Estado de Derecho son pilares de la democracia colombiana, y su violación bajo pretextos políticos no puede ser tolerada. La acción del CNE no solo es ilegal, sino que también pone en riesgo la estabilidad del país. Colombia no puede permitir que un órgano con intereses políticos actúe por fuera de la ley, buscando destruir el mandato popular que eligió a Gustavo Petro como presidente.

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Los magistrados responsables de este prevaricato deben ser llevados ante la justicia, y el CNE, en su forma actual, debe ser reformado o eliminado para evitar que siga siendo una herramienta de los intereses políticos de turno. La democracia debe ser defendida y quienes la atacan deben enfrentar las consecuencias.