Un informe de inteligencia militar recientemente filtrado ha sacado a la luz detalles alarmantes sobre un ataque devastador en Colombia perpetrado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Según el informe, 80 combatientes del ELN, armados con rifles de asalto y explosivos, cruzaron los estados fronterizos venezolanos de Táchira y Zulia antes de ejecutar un ataque que dejó al menos 80 víctimas fatales y provocó el desplazamiento de 40,000 personas en la región de Catatumbo. Este evento ha sido uno de los episodios más violentos en Colombia en los últimos años.
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Las revelaciones contenidas en el informe han exacerbado las tensiones diplomáticas entre Colombia y Venezuela. Se sospecha que el gobierno de Nicolás Maduro pudo haber aprobado o incluso participado en la planificación de este ataque, lo cual ha llevado al presidente colombiano, Gustavo Petro, a romper las negociaciones de paz con el ELN y declarar un "estado de conmoción interna". En consecuencia, Petro ha desplegado tropas adicionales en la frontera con Venezuela, mientras que las fuerzas venezolanas han respondido con un refuerzo similar de sus tropas en la región.
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Petro ha cuestionado la viabilidad de que un grupo tan grande de hombres armados pudiera cruzar la frontera sin ser detectados, destacando la falta de información y coordinación como un problema crítico. Por su parte, funcionarios venezolanos han acusado a Petro de traicionar sus raíces como exguerrillero, lo que ha añadido combustible a las tensas relaciones bilaterales.
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El ELN ha operado en territorio venezolano durante décadas, ampliando su presencia en el país a medida que Venezuela enfrenta una crisis social y política que ha llevado a 7 millones de venezolanos a huir del país. Informes sugieren que el ELN ha colaborado con las fuerzas de seguridad venezolanas en varias ocasiones para eliminar a guerrilleros rivales, lo que ha llevado a algunos expertos a sugerir que el ELN actúa como una extensión del estado venezolano en las áreas fronterizas, controlando tanto el flujo de personas como de bienes.
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Desde el 1 de enero de 2022, la violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela ha aumentado significativamente debido a enfrentamientos entre el ELN y el Comando Oriental Conjunto, una coalición de grupos disidentes de las FARC. Este incremento de violencia ha provocado que 3,860 personas sean desplazadas internamente en Arauca y obligó a más de 3,300 a huir de Venezuela hacia Colombia.
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Las fuerzas de seguridad venezolanas han sido acusadas de participar en violaciones de derechos humanos, así como en asesinatos, reclutamiento forzado de niños y desplazamientos forzados. En los primeros dos meses de 2022, se registraron 103 asesinatos en Arauca, la cifra más alta para esos meses desde al menos 2010. La difícil situación ha llevado a investigaciones internacionales sobre posibles crímenes de lesa humanidad.
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Adicionalmente, un informe de Human Rights Watch señala que los grupos armados han instaurado reglas estrictas en las comunidades locales, incluyendo toques de queda y restricciones sobre actividades económicas. La crisis humanitaria en la región es severa, con miles de desplazados que carecen de acceso adecuado a alimentos, agua potable y servicios de salud. Las autoridades colombianas han enfrentado críticas por no ofrecer suficiente apoyo a los desplazados y por la falta de una evaluación adecuada de las necesidades humanitarias de aquellos que huyen de Apure, Venezuela.