El presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece un centro de detención de hasta 30,000 migrantes en la Base Naval de Guantánamo, un territorio cubano arrendado a Estados Unidos desde 1903. La decisión se enmarca en la nueva ley Laken Riley, que facilita el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados acusados de delitos menores.
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Trump justificó la medida afirmando que "tenemos 30,000 camas en Guantánamo para detener a los peores extranjeros ilegales criminales que amenazan a los estadounidenses". Además, indicó que algunos de estos migrantes no pueden ser retornados a sus países de origen y, por lo tanto, serán enviados a Guantánamo.
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Para implementar esta medida, el presidente ordenó a los secretarios de Defensa y de Seguridad Nacional tomar "todas las medidas apropiadas" para maximizar la capacidad del Centro de Operaciones Migratorias de Guantánamo.
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La reacción de Cuba no se hizo esperar. El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, calificó la medida como un "acto de brutalidad", mientras que el canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó fuertemente el anuncio al afirmar que muestra "desprecio hacia la condición humana y el Derecho Internacional".
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La Base Naval de Guantánamo ha sido utilizada como centro de detención desde la década de 1990, inicialmente para migrantes haitianos y cubanos. A partir de 2002, adquirió fama internacional al ser utilizada para la detención de prisioneros sospechosos de terrorismo. Ha sido objeto de críticas constantes debido a denuncias de tortura y detenciones indefinidas sin juicio.

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La ley Laken Riley, firmada el mismo día, busca facilitar aún más el arresto y deportación de inmigrantes indocumentados, especialmente aquellos con antecedentes penales. La polémica alrededor de esta ley y la nueva orden ejecutiva ha generado debate tanto dentro como fuera de Estados Unidos, reavivando las tensiones en torno a las políticas migratorias de la administración Trump.