La administración del presidente Donald Trump tomó una medida controvertida el 27 de enero de 2025 al despedir a más de una docena de abogados del Departamento de Justicia (DOJ) que habían estado involucrados en investigaciones criminales en su contra. James McHenry, fiscal general interino, fue quien comunicó la decisión, argumentando que estos funcionarios no podían ser de confianza para implementar la agenda del presidente debido a su participación en los casos investigativos que afectaban a Trump.
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El equipo dirigido por Jack Smith, exconsejero especial, contaba con 18 fiscales al momento de concluir los casos. Entre las investigaciones más destacadas estaban los cargos contra Trump por manejo indebido de documentos clasificados en su club Mar-a-Lago y desobedecer una citación para devolverlos, así como los intentos de anulación de los resultados de las elecciones de 2020, que culminaron en el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.
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La decisión de despedir a más de doce abogados ha sido interpretada como una represalia significativa por parte de Trump contra aquellos que habían investigado sus acciones, lo que ha generado críticas tanto de exfuncionarios del DOJ como de expertos legales. Argumentan que esta acción socava la independencia del departamento y podría desalentar a futuros investigadores. La carta de despido enviada a los fiscales citaba explícitamente su "papel significativo en la prosecución del presidente", creando interrogantes sobre la legalidad de estos despidos debido a los derechos de servicio civil de los empleados federales.
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Durante su campaña electoral, Trump había prometido despedir a Jack Smith, quien renunció antes de que Trump asumiera el cargo presidencial. Tradicionalmente, el DOJ protege a los fiscales de represalias por su trabajo en investigaciones sensibles, lo que hace que estos despidos sean inusuales y provocativos. Además de los fiscales despedidos, se han reportado cambios significativos en el liderazgo del DOJ, incluida la reubicación o renuncia de altos funcionarios, como el jefe de la sección de integridad pública.
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Las investigaciones lideradas por Smith, aunque resultaron en acusaciones contra Trump, fueron abandonadas tras su victoria electoral en noviembre de 2024 debido a la política del DOJ que prohíbe la prosecución de un presidente en funciones. Trump y su equipo han descrito estos movimientos como "cacerías de brujas" y han argumentado que el DOJ ha sido "armado" en su contra. La política del Departamento de Justicia de no procesar a un presidente en funciones se remonta a una interpretación de la Oficina de Asesoría Legal (OLC) de 1973, reafirmada en 2000, que sostiene que “la acusación o el enjuiciamiento criminal de un presidente en funciones afectaría la capacidad del Poder Ejecutivo para cumplir con sus funciones constitucionales.”
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Esta serie de despidos y cambios en el DOJ marca un momento crucial en la administración de Trump, destacando su esfuerzo por consolidar el control sobre las instituciones gubernamentales y su rechazo a las investigaciones que lo han vinculado a acciones cuestionables.