El 3 de enero de 2025, un intento de arresto al presidente destituido de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, por parte de la Agencia Anticorrupción, derivó en un prolongado enfrentamiento que duró casi seis horas. Durante este tiempo, Yoon se mantuvo en su residencia oficial en Seúl, protegido por aproximadamente 200 miembros de su equipo de seguridad y soldados que formaron una barricada para evitar su detención.
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Yoon Suk-yeol fue suspendido y enfrenta un proceso de impeachment tras declarar la ley marcial el 3 de diciembre de 2024. La Asamblea Nacional surcoreana procedió a su destitución el 14 de diciembre de 2024, acusándolo de rebelión. La investigación en curso lo apunta como responsable de incitar una insurrección, un delito que podría acarrearle cadena perpetua o incluso la pena de muerte.
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El conflicto escaló cuando, durante el intento de arresto, un grupo de seguidores del exmandatario se congregó fuera de su residencia, algunos de ellos acampando durante la noche en temperaturas bajo cero. Los manifestantes, en su mayoría sosteniendo banderas de Corea del Sur y Estados Unidos, gritaron consignas de apoyo a Yoon, con algunos expresando su disposición a morir por él.
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La situación ha desatado una cadena de investigaciones y detenciones. La Agencia Anticorrupción expresó su "serio pesar" por la resistencia de Yoon a cumplir con el proceso legal, al negarse a ser interrogado. La policía también ha comenzado a investigar al jefe y subdirector del servicio de seguridad presidencial por obstrucción de la justicia.
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La declaración de ley marcial fue revocada por el parlamento en pocas horas, pero no antes de que Yoon ordenara rodear el edificio de la Asamblea Nacional con tropas, un movimiento que ha sido criticado ampliamente tanto dentro como fuera del país. Este evento ha sido catalogado como "territorio inexplorado" para Corea del Sur, socavando aún más la estabilidad política en el país.
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El futuro jurídico de Yoon ahora depende de la Corte Constitucional de Corea del Sur, la cual debe decidir si confirma su destitución o lo reintegra como presidente. Para esto, se requiere que al menos seis de los nueve jueces voten en favor de su destitución. Adicionalmente, la orden de detención de Yoon es válida por una semana, dando a los investigadores hasta el 6 de enero de 2025 para intentar nuevamente su arresto.
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Esta situación ha ocasionado la detención de varios altos funcionarios, incluidos el ministro de Defensa y el jefe de policía, por su rol en la declaración de la ley marcial. La presión ahora recae sobre el presidente interino, Choi Sang-mok, quien enfrenta el desafío de gestionar la crisis política y asegurar la seguridad de Yoon, mientras navega en medio de un panorama de gran incertidumbre nacional.