La Corte Constitucional de Colombia ha autorizado la ampliación de la base naval en la isla Gorgona, un proyecto que había estado en pausa mientras se evaluaba su viabilidad. La resolución se adoptó a pesar de las objeciones presentadas por las comunidades afro del litoral Pacífico, que argumentaron que no se realizó la consulta previa reglamentaria. Según la Corte, el proyecto no afecta directamente a la comunidad afro de Guapi Abajo, señalando que las objeciones eran de carácter general y carecían de especificidad.
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El Parque Nacional Natural Gorgona, que cubre un área de 61,687 hectáreas, incluye las islas de Gorgona y Gorgonilla y un extenso territorio marino que alberga el arrecife más grande del Pacífico colombiano, donde habitan diversas especies, incluyendo tortugas marinas y ballenas jorobadas. En este contexto, la ampliación de la base naval ha generado controversia. Las obras incluyen la construcción de un muelle de 162 metros de largo, la instalación de una torre de 50 metros para un radar y la elevación de las instalaciones actuales a dos niveles. El radar será empleado en tareas de seguridad en aguas con alta actividad de narcotráfico.
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El coste del proyecto se estima en cerca de 12 millones de dólares. Originalmente aprobado en 2015 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, este proyecto ahora tiene una fuente de financiamiento diferente: aunque anteriormente los fondos provendrían de Estados Unidos, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, ha aclarado que el financiamiento será destinado a la transición energética en Gorgona.
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Las comunidades locales, encabezadas por el comité Salvemos Gorgona, han manifestado su preocupación por los posibles impactos ambientales y sociales, argumentando que el proyecto podría afectar su medio de vida y la biodiversidad de la región. Ante la decisión de la Corte, estas comunidades han expresado su intención de presentar un incidente de nulidad contra la sentencia, buscando así frenar el avance de las obras.