La inminente implementación del nuevo código penal de India, programada para el 1 de julio, ha suscitado controversia debido a su disposición de no criminalizar la violación marital. Este código reemplazará el antiguo código penal de la era colonial, redactado en la década de 1830. El Ministro del Interior, Amit Shah, prometió reformas significativas para modernizar las leyes y abordar los crímenes contra las mujeres, pero los críticos consideran que las modificaciones son superficiales. El nuevo código introduce penalizaciones por obtener sexo con promesas de matrimonio y establece la definición del consentimiento. Sin embargo, excluye explícitamente la violación marital de la definición de violación si la esposa no tiene menos de 18 años. Esta exclusión ha generado críticas de figuras académicas y defensores de los derechos de las mujeres. Ntasha Bhardwaj, una destacada académica en estudios de género, ha criticado esta medida, alegando que perpetúa un pensamiento victoriano obsoleto y socava los derechos y la igualdad de las mujeres. Además, otro aspecto polémico del código es la provisión que estipula penas de prisión menores para los hombres casados que violan a sus esposas separadas en comparación con otros casos de violación. Esto ha llevado a activistas de derechos de las mujeres a enfatizar la importancia de reconocer el lema "mi cuerpo, mis derechos" y prevenir la explotación sexual después del matrimonio. La disonancia entre la promoción del desarrollo dirigido por mujeres del Primer Ministro Narendra Modi y la postura del nuevo código sobre la violación marital ha sido señalada por activistas de derechos de las mujeres. A nivel global, India ocupa un lugar bajo en términos de participación económica y paridad de género, a pesar de sus aspiraciones declaradas de igualdad de género y empoderamiento femenino. Organizaciones de derechos humanos, incluida la All India Democratic Women's Association, han presentado peticiones al Tribunal Supremo para que la violación marital sea considerada un delito. El tribunal ha solicitado una respuesta del gobierno sobre este asunto, y su próximo fallo será crucial para determinar el estatus legal de la violación marital en el país. La renuencia del gobierno a criminalizar la violación marital se percibe como un retroceso en el empoderamiento de las mujeres y una contradicción con los lemas gubernamentales de "poder femenino." Defensores de derechos de las mujeres siguen abogando por cambios en la legislación para proteger los derechos y la dignidad de las mujeres casadas en India.