El segundo mandato presidencial de Donald Trump, iniciado hace poco más de seis semanas, ha establecido un clima político marcado por el temor y la autocensura. Altos funcionarios, líderes empresariales, rectores universitarios y políticos de ambos partidos confiesan sentirse intimidados por posibles represalias de la administración Trump, específicamente por el propio presidente y su aliado político, Elon Musk. Este ambiente ha generado cambios significativos en el comportamiento público de figuras clave, que en otras circunstancias participarían activamente en el debate político.

Desde la Casa Blanca, Trump ha ejecutado acciones contundentes contra aquellos que lo critican. Ejemplo de ello es la revocación de los detalles de seguridad del general retirado Mark A. Milley, quien enfrenta amenazas de muerte del gobierno iraní. Además, Trump prometió retirar autorizaciones de seguridad a abogados que representaron a Jack Smith, el fiscal especial que lo investigó anteriormente.

El impacto de estas acciones ha permeado en el Senado y en el Capitolio. Por ejemplo, Thom Tillis, senador republicano por Carolina del Norte, modificó su postura inicial sobre Pete Hegseth, nominado por Trump para secretario de Defensa, luego de ser amenazado con enfrentar opositores en las primarias. Adicionalmente, el senador Roger Wicker retiró publicaciones en redes sociales apoyando al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tras un altercado entre este último y Trump.

Empresarios y líderes académicos enfrentan situaciones similares. Los directores ejecutivos, aunque aprecian las políticas de desregulación y recortes de impuestos implementadas por Trump, evitan criticar públicamente los aranceles impuestos por la administración, como el reciente gravamen del 25% sobre productos de Canadá y México. Por su parte, rectores universitarios temen hablar en contra del gobierno por miedo a perder millones de dólares en fondos federales esenciales para sus instituciones.

El temor no solo radica en perder recursos financieros o enfrentar problemas legales, sino también en proteger la seguridad personal y de las familias de los críticos. El representante Eric Swalwell, frecuente opositor de Trump, invierte cientos de miles de dólares en seguridad personal debido a constantes amenazas. Su experiencia es compartida por otros funcionarios, quienes expresan temores similares ante el clima de represalias.

A pesar de esta tendencia, figuras como Michael Roth, presidente de la Universidad Wesleyana, han mantenido posiciones públicas críticas contra la administración para defender lo que considera valores fundamentales para la sociedad democrática. Roth ha descrito esta etapa como la mayor presión sobre la vida intelectual en Estados Unidos desde la era McCarthy.

Por otra parte, parece surgir una incipiente resistencia. Cinco exsecretarios de Defensa, entre ellos Lloyd J. Austin III y Jim Mattis, enviaron una carta a legisladores instándolos a investigar los despidos de altos líderes militares ejecutados por Trump. Asimismo, el director ejecutivo de Ford, Jim Farley, criticó duramente los aranceles impuestos por la administración, argumentando que podrían causar daños económicos severos a la industria automotriz estadounidense.

Mientras tanto, el senador Chris Coons expresó que Elon Musk, considerado un aliado clave de Trump, ha establecido una "amenaza electoral creíble" al financiar contrincantes en las primarias contra aquellos que se oponen a su agenda. Este tipo de presión ha resultado en casos como el del senador republicano Todd Young, quien enfrentó descalificaciones de Musk por cuestionar al candidato de Trump para director de inteligencia nacional.

Aunque muchos temen represalias, el debate sobre los límites del autoritarismo y las amenazas a la democracia estadounidense continúa. El profesor de Harvard Steven Levitsky destacó que, aunque hay señales preocupantes, Estados Unidos tiene una "oposición rica y diversa" que podría evitar un deslizamiento total hacia un gobierno autoritario.

El general retirado Mark A. Milley no solo enfrenta amenazas de muerte por parte de Irán, sino que también es uno de los primeros objetivos en perder su seguridad asignada tras el regreso de Trump a la Casa Blanca. Este caso ha despertado preocupación sobre una tendencia gubernamental de represalias contra sus críticos.