La Policía Federal de Brasil ha hecho una acusación formal contra el expresidente Jair Bolsonaro, de 69 años, y 36 personas más, incluyendo dos generales retirados, en relación a un intento de golpe de Estado luego de su derrota electoral en 2022. Los imputados se enfrentan a serios cargos por "abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y organización criminal". Este informe ha sido el resultado de dos años de investigaciones detalladas que incluyeron levantamientos secretos sobre comunicaciones, registros y acuerdos de colaboración premiada.
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El documento, que ha sido enviado al Tribunal Supremo, ahora será revisado por la Fiscalía General para determinar si formaliza los cargos. Bolsonaro, quien ha negado todas las acusaciones, ya está bajo medidas cautelares que incluyen la prohibición de viajar al extranjero y la retención de su pasaporte.
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Uno de los aspectos que llamó la atención fue la falta de apoyo de los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea, quienes testificaron que Bolsonaro intentó convocarlos a reuniones donde discutió la posibilidad de un estado de sitio, lo cual evitó la consumación del plan golpista. Entre los imputados se destacan figuras como Walter Braga Netto, exministro de Defensa y candidato a vicepresidente en 2022, y Augusto Heleno, exministro de Seguridad Institucional.
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La investigación reveló además planes para asesinar al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva y otros altos funcionarios del gobierno, enfocándose específicamente en métodos de envenenamiento. En el marco de estas pesquisas, cinco personas fueron arrestadas recientemente por su presunta participación en dicho complot.
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Además, Bolsonaro enfrenta otros litigios en curso, que incluyen investigaciones sobre el contrabando de joyas y la falsificación de documentos de vacunación. Cabe destacar que el expresidente ha sido inhabilitado para postularse a cualquier cargo político hasta 2030 por abuso de poder relacionado con la seguridad electoral.
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Este acto judicial pone a Brasil en un punto crítico, y la decisión final del Tribunal Supremo y la Fiscalía determinará en gran medida el marco legal y democrático del país en los próximos años.