El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado el enfrentamiento con la Universidad de Harvard al calificarla de "broma" y amenazar con retirar completamente sus fondos federales, en una disputa que se desarrolla tras una serie de demandas formales presentadas por la administración. Como medida inmediata, el gobierno federal ha congelado subvenciones y contratos plurianuales por un valor superior a los US$ 2.200 millones, lo que representa aproximadamente el 11% de los ingresos anuales de Harvard.
Entre las demandas impuestas por la Casa Blanca, se encuentra el cierre absoluto de todos los programas de diversidad, equidad e inclusión, así como la entrega de detalles sobre el proceso de admisiones universitarias al gobierno federal. Además, Harvard tendría que notificar a las autoridades sobre estudiantes extranjeros implicados en violaciones de conducta y someterse a auditorías externas de todos sus departamentos académicos para garantizar la “diversidad en puntos de vista” en la comunidad universitaria, tanto en el alumnado, el cuerpo docente y el liderazgo institucional.
Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está considerando revocar el estatus de exención fiscal de Harvard, lo que elevaría la presión financiera sobre la casa de estudios, cuyo presupuesto anual alcanza los US$ 6,400 millones y cuya dotación ascendería a US$ 53,200 millones en 2024.
La reacción por parte de la Universidad de Harvard fue inmediata. Alan Garber, presidente de la institución, rechazó los requerimientos gubernamentales argumentando que atentan contra la independencia académica y los derechos constitucionales de las universidades privadas. Garber advirtió que la universidad no cederá ante lo que calificó como un intento de control federal sobre la enseñanza y los procesos de admisión.
Diversas voces del ámbito académico y político han salido en defensa de Harvard. Presidentes de otras universidades como Claire Shipman (Columbia) y Jonathan Levin (Stanford) han manifestado públicamente su apoyo, reivindicando la autonomía de las instituciones educativas y la libertad académica frente a las presiones del poder ejecutivo.
Donald Trump ha reiterado su postura en la plataforma Truth Social, exigiendo una disculpa formal a la universidad y subrayando que Harvard “debería dejar de recibir fondos federales”.
El conflicto se enmarca en un contexto nacional de revisión a universidades estadounidenses por reportes de antisemitismo, tras protestas estudiantiles relacionadas con la guerra en Gaza el año pasado. La disputa en curso ilustra la creciente tensión en torno a la regulación, el financiamiento y la libertad de cátedra en el sector universitario estadounidense.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha intensificado el enfrentamiento con la Universidad de Harvard al calificarla de "broma" y amenazar con retirar completamente sus fondos federales, en una disputa que se desarrolla tras una serie de demandas formales presentadas por la administración. Como medida inmediata, el gobierno federal ha congelado subvenciones y contratos plurianuales por un valor superior a los US$ 2.200 millones, lo que representa aproximadamente el 11% de los ingresos anuales de Harvard.
Entre las demandas impuestas por la Casa Blanca, se encuentra el cierre absoluto de todos los programas de diversidad, equidad e inclusión, así como la entrega de detalles sobre el proceso de admisiones universitarias al gobierno federal. Además, Harvard tendría que notificar a las autoridades sobre estudiantes extranjeros implicados en violaciones de conducta y someterse a auditorías externas de todos sus departamentos académicos para garantizar la “diversidad en puntos de vista” en la comunidad universitaria, tanto en el alumnado, el cuerpo docente y el liderazgo institucional.
Adicionalmente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) está considerando revocar el estatus de exención fiscal de Harvard, lo que elevaría la presión financiera sobre la casa de estudios, cuyo presupuesto anual alcanza los US$ 6,400 millones y cuya dotación ascendería a US$ 53,200 millones en 2024.
La reacción por parte de la Universidad de Harvard fue inmediata. Alan Garber, presidente de la institución, rechazó los requerimientos gubernamentales argumentando que atentan contra la independencia académica y los derechos constitucionales de las universidades privadas. Garber advirtió que la universidad no cederá ante lo que calificó como un intento de control federal sobre la enseñanza y los procesos de admisión.
Diversas voces del ámbito académico y político han salido en defensa de Harvard. Presidentes de otras universidades como Claire Shipman (Columbia) y Jonathan Levin (Stanford) han manifestado públicamente su apoyo, reivindicando la autonomía de las instituciones educativas y la libertad académica frente a las presiones del poder ejecutivo.
Donald Trump ha reiterado su postura en la plataforma Truth Social, exigiendo una disculpa formal a la universidad y subrayando que Harvard “debería dejar de recibir fondos federales”.
El conflicto se enmarca en un contexto nacional de revisión a universidades estadounidenses por reportes de antisemitismo, tras protestas estudiantiles relacionadas con la guerra en Gaza el año pasado. La disputa en curso ilustra la creciente tensión en torno a la regulación, el financiamiento y la libertad de cátedra en el sector universitario estadounidense.