La demanda presentada por Texas contra el gobierno federal busca anular una regulación modificada en abril de 2024 que prohíbe la divulgación de registros médicos para investigaciones criminales o civiles relacionadas con el cuidado reproductivo. La ley de 2000, modificada recientemente, ahora protege explícitamente los registros médicos relacionados con la obtención, provisión o facilitación de servicios de salud reproductiva.
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El objetivo principal de esta acción legal es permitir que Texas acceda a los registros médicos de mujeres que han buscado abortos fuera del estado, para así poder perseguir penalmente a quienes las asistan. La administración de Texas, encabezada por el Fiscal General Ken Paxton, argumenta que esta regulación federal está en contradicción con otras leyes federales que sí permiten el acceso a registros médicos protegidos para fines de aplicación de la ley.
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Este movimiento legal se produce tras la decisión de la Corte Suprema de revertir Roe v. Wade en 2022, lo que ha llevado a varios estados, incluido Texas, a intentar ampliar sus prohibiciones de aborto para incluir a mujeres que viajan fuera del estado en busca de estos servicios. Anteriormente, Paxton intentó acceder a los registros médicos de procedimientos de transición de género en Washington y Georgia, pero sus esfuerzos fueron bloqueados por un juez.