El 4 de abril de 2024, en la localidad de Rubaya, la milicia M23 ejecutó a seis niños al golpearlos hasta la muerte con un mortero de madera. Isabel, una testigo de 32 años, presenció la brutal escena en la que los cráneos de los niños fueron aplastados, resultando en un mortero lleno de sangre.
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Las atrocidades no se limitaron a las ejecuciones. Isabel y una amiga fueron violadas por los hombres armados, mientras que otra amiga fue ejecutada. Esta ola de violencia se ha extendido a otras localidades. Un grupo de enfoque realizado en Sake reveló que 12 de 13 niñas entre 12 y 17 años han sido violadas, algunas múltiples veces. Médicos Sin Fronteras (MSF) trató a un récord de 25,166 sobrevivientes de violencia sexual en 2023, cifra que ya había sido superada a mediados de 2024.
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La milicia M23, con el apoyo de miles de tropas rwandesas, ha expandido su control en la RDC, ocupando territorios que suman aproximadamente la mitad del tamaño de Ruanda. Desde el genocidio de 1994 en Ruanda, más de 6 millones de personas han muerto en el conflicto en la RDC, y un número similar ha sido desplazado.
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En los campamentos de refugiados cerca de Goma, 650,000 personas han huido de la violencia, siendo las mujeres las principales víctimas de ataques. En el campamento Lushagala, de 14,000 familias, 6,000 no reciben alimentos, agravando así la crisis humanitaria.
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A pesar de la evidencia de crímenes de guerra, la comunidad internacional no ha impuesto sanciones efectivas a Ruanda, que es considerado un aliado estratégico por países occidentales. La ONU ha advertido sobre la posibilidad de que Ruanda esté planeando anexar una parte de la RDC.
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La explotación de recursos minerales, como el coltan, ha exacerbado la situación. La RDC, rica en estos minerales esenciales para la tecnología moderna, está viendo cómo camiones de Rubaya, que contiene el 15% del suministro mundial de coltan, negocian puntos de control de M23 hacia Ruanda. Esta explotación ha alimentado el conflicto y la miseria de la población local.
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Testimonios de víctimas como el de María, de 25 años, violada frente a sus hijas, y Jenny, de 27 años, violada por ocho hombres mientras trabajaba en sus cultivos, son un reflejo de la brutalidad que enfrenta la población civil. La M23 ha comenzado a reemplazar a las autoridades congoleñas en las áreas bajo su control, estableciendo regímenes de impuestos elaborados, profundizando el control y la explotación de las comunidades afectadas.