Los proyectos de acto legislativo presentados por el representante Cristian Avendaño buscan reformar el sistema de elección del procurador general y del contralor en Colombia, despolitizando sus procesos. Estas propuestas, que han sido respaldadas por otros 11 congresistas, buscan garantizar una elección basada en la meritocracia y la transparencia.
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En el caso del procurador, se propone que sea elegido por el Consejo de Estado a través de un concurso público y abierto de méritos. Este proceso incluiría principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana y equidad de género. Además, se prohibiría la reelección del procurador y la posibilidad de que los exprocuradores ocupen roles en organizaciones políticas, cargos de elección popular, en la rama ejecutiva, sean magistrados del Consejo de Estado o fiscal general durante los cinco años posteriores a su salida. Asimismo, los distintos procuradores de ámbitos provincial, distrital, regional, auxiliar y delegado estarían sujetos al mismo proceso meritocrático.
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Para la elección del contralor, el proyecto plantea que también sea elegido por el Consejo de Estado, siguiendo un proceso similar al del procurador. Se prohíbe igualmente la reelección y se establece que los excontralores no podrán ocupar cargos públicos durante un período de cinco años. Adicionalmente, el proyecto contempla la eliminación de las contralorías territoriales, considerando que actualmente son elegidas por políticos y no resultan costo-eficientes, ya que no recuperan ni el 10% de los costos que implican.
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Actualmente, el Senado elige al procurador general a partir de una terna presentada por el presidente, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. Por otro lado, el contralor es elegido por mayoría absoluta del Congreso. Estos proyectos tienen el respaldo de la mesa directiva de la Comisión Primera del Senado, que ha manifestado su compromiso para acelerar el proceso de debate y aprobación. Se espera que los ponentes sean asignados esta misma semana y que la ponencia se radique la próxima, con miras a darle prioridad en la Comisión para su aprobación en primera vuelta.
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No obstante, no todos están de acuerdo con estas iniciativas. La senadora Paloma Valencia se opone, argumentando que la solución no radica en cambiar el ente que elige, sino en fortalecer al Congreso mismo.
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Estas propuestas representan un esfuerzo significativo para reformar la estructura de poder en Colombia, con el objetivo de reducir la corrupción y aumentar la independencia de las entidades de control. La implementación de estas reformas podría significar un cambio profundo en el sistema político del país, orientado a mejorar la confianza ciudadana en las instituciones.