En una reciente entrevista con la revista CAMBIO, Manuel Castañeda, también conocido como el 'Narcochofer', lanzó serias acusaciones contra el General Tito Castellanos, exdirector del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) de Colombia. Según Castañeda, Castellanos recibió 2.000 millones de pesos por su participación en la fuga del capo del narcotráfico Juan Larinson Castro Estupiñán, alias Matamba, 18 de marzo de 2022.
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Castañeda, quien actualmente goza de inmunidad penal total gracias a un principio de oportunidad firmado por la Fiscal General Luz Adriana Camargo, se ha comprometido a colaborar con la justicia. Esto incluye la revelación de nombres de miembros involucrados en organizaciones narcotraficantes, entre ellos altos funcionarios de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Policía Nacional.
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Castañeda detalló que días antes de la fuga de Matamba, un individuo conocido como alias El Caballista le solicitó ayuda para contactar al General Castellanos, insinuando que habría una "buena tajada" involucrada. De acuerdo con Castañeda, quien no estuvo presente en el encuentro, Castellanos y El Caballista se reunieron en la dirección del INPEC. Aproximadamente 20 a 30 días después de esta reunión, se produjo la fuga de Matamba.
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Además, Castañeda denunció que el fiscal Miller Castrillón se opuso a su libertad, alegando que continuaba delinquiendo desde prisión y que su familia estaba involucrada en actividades ilícitas. Castañeda y su abogado han negado rotundamente estas acusaciones, considerándolas como intentos de sabotaje a su colaboración con la justicia.
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En el marco de su colaboración, Castañeda ha entregado 24 nombres de personas involucradas en el narcotráfico, enumerando a varios altos funcionarios de la Policía. No obstante, ha tenido que enfrentar amenazas y la oposición de ciertos fiscales, lo que pone en riesgo su papel como colaborador.
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Se espera que un juez de control de garantías decida sobre la libertad de Castañeda en una audiencia programada para este próximo viernes. La situación ha generado una tormenta en los ámbitos político y judicial del país, cuestionando la integridad de altos mandos de la Policía Nacional y la eficiencia de la justicia en Colombia. Esta controversia destaca la urgencia de abordar posibles casos de corrupción dentro de las instituciones encargadas de la seguridad y justicia del país.
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La revelación de Castañeda se añade a un complicado panorama de corrupción y narcotráfico que ya sufre Colombia, planteando serios desafíos para la administración de justicia y la confianza pública en las entidades estatales.