En un desarrollo que ha sacudido la política colombiana, la Fiscalía General de Colombia ha revelado pruebas contundentes en el caso de corrupción más significativo bajo el gobierno de Gustavo Petro. Este escándalo implica a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) en la asignación de contratos con sobrecostos y el desvío de recursos. La imputación de cargos está programada para el 25 de julio de 2024, contra Olmedo López, exdirector de la UNGRD, su subdirector Sneyder Pinilla, y el contratista Luis Eduardo López.
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El epicentro del caso es un contrato valorado en 46.800 millones de pesos (aproximadamente 12 millones de dólares), destinado al suministro de 40 carrotanques para abastecer de agua a La Guajira, un departamento empobrecido en Colombia. Sin embargo, a pesar de que los recursos fueron desembolsados, el contrato nunca se ejecutó.
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La investigación ha implicado a varios funcionarios de alto rango, incluyendo a congresistas y miembros del gabinete presidencial. Gustavo Petro ha reconocido públicamente su responsabilidad en el nombramiento de López y ha pedido disculpas al país.
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La Fiscalía ha presentado pruebas que incluyen datos de geolocalización de los celulares de López y Pinilla, demostrando su participación en la entrega de dinero en efectivo a congresistas. Además, se han presentado chats y audios que vinculan a los acusados con la entrega de sobornos a los expresidentes del Congreso, Andrés Calle e Iván Name. Los testimonios de López y Pinilla, quienes han solicitado negociar un principio de oportunidad, indican su disposición a colaborar con la justicia a cambio de reducciones en sus penas.
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El presidente Petro ha admitido que este escándalo afecta a su administración y ha enfatizado que el caso tiene sus raíces en La Guajira, una región que había prometido desarrollar. El impacto judicial y político de este caso, junto con la investigación sobre Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente, podría repercutir en la credibilidad del gobierno en los próximos años.
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La audiencia de imputación de cargos, programada para el 25 de julio de 2024, será crucial para definir la dirección del caso y la posible colaboración de los implicados. La Fiscalía deberá proporcionar pruebas concluyentes de las acusaciones y demostrar la existencia de un esquema de corrupción que involucra a altos funcionarios del gobierno.
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Este caso representa un reto considerable para la administración de Petro y podría influir de manera significativa en la política colombiana en general. La Guajira, destino original de los carrotanques, es una de las regiones más áridas de Colombia y enfrenta constantes problemas de acceso al agua potable, afectando a las comunidades indígenas y rurales locales.