El jefe del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, James Boasberg, dictaminó el 16 de abril de 2025 que hay causa probable para considerar en desacato criminal a la administración Trump, luego de la deportación de supuestos miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua a El Salvador. Boasberg concluyó que las acciones del gobierno reflejaron un “desprecio deliberado” hacia la orden judicial que prohibía las deportaciones bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, invocada por el presidente Donald Trump el 15 de marzo de 2025.

Según los registros judiciales, la administración Trump organizó varios vuelos en los que al menos 137 personas fueron enviadas a El Salvador a pesar de la existencia de una orden de restricción temporal, emitida el mismo 15 de marzo, que impedía su traslado sin el debido proceso establecido por la ley. El juez señaló que la orden tenía como finalidad proteger a los involucrados de posibles violaciones a sus derechos procesales y que, a pesar de esta directriz expresa, los vuelos se realizaron y los deportados llegaron a territorio salvadoreño.

Boasberg advirtió que, si la administración no toma medidas remediales y no identifica a los funcionarios responsables de incumplir la orden, procederá a referir los nombres de los implicados para su procesamiento penal. El gobierno federal dispone de plazo hasta el 23 de abril de 2025 para presentar argumentos y pruebas que demuestren que no incurrió en desacato a la orden judicial.

Desde la administración Trump, un portavoz confirmó que se presentará una apelación contra la decisión del juez. El argumento principal de la defensa oficial es que Boasberg excedió su jurisdicción al intervenir en materias relacionadas con la política exterior y el uso de facultades ejecutivas en situaciones migratorias excepcionales.

Este proceso ocurre en paralelo al fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que previamente había determinado que los demandantes debían presentar sus reclamos en una jurisdicción diferente, sin pronunciarse sobre la validez constitucional de la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte del Poder Ejecutivo. Boasberg, no obstante, recalcó en su decisión que la obligatoriedad de las órdenes judiciales permanece vigente hasta que una instancia superior disponga lo contrario.

El dictamen de Boasberg profundiza el escrutinio judicial sobre la política migratoria impulsada por el gobierno Trump tras la reciente reactivación de la Ley de Enemigos Extranjeros y el uso de facultades extraordinarias para efectuar deportaciones sin las garantías de debido proceso. El caso se inserta en el marco de una serie de desafíos legales contra las medidas migratorias de la administración, especialmente en lo referente a la protección de derechos de inmigrantes y el cumplimiento de mandatos judiciales federales.