La Fiscalía General de Colombia ha imputado a siete nuevos congresistas en el marco de una investigación por corrupción relacionada con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Durante una audiencia de imputación de cargos realizada el 25 de julio, se presentaron pruebas que implican a Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirector y subdirector de la UNGRD, respectivamente. Según la fiscal Andrea Muñoz, López y Pinilla coordinaron con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el direccionamiento de contratos en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar (Bolívar) a cambio de apoyo legislativo.
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Los congresistas implicados en el caso son los senadores Julio Elías Chagüi Flórez del Partido de la U, Liliana Esther Bitar Castilla del Partido Conservador y Juan Pablo Gallo Maya del Partido Liberal. En la Cámara de Representantes, los vinculados son Wadith Alberto Manzur del Partido Conservador, Karen Astrith Manrique Olarte de la Circunscripción Especial de Paz, Julián Peinado Ramírez del Partido Liberal y Juan Diego Muñoz Cabrera de la Alianza Verde.
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La investigación reveló que López y Pinilla orquestaron el soborno de COP$4.000 millones a los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes de la legislatura pasada, Iván Name y Andrés Calle, respectivamente. De estos, COP$3.000 millones fueron entregados a Name por medio de la exconsejera Sandra Ortiz, y COP$1.000 millones fueron girados a Calle, siguiendo las instrucciones de Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre).
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A López y Pinilla se les imputan cargos por concierto para delinquir, peculado por apropiación e interés indebido en la celebración de contratos. La Fiscalía ha realizado 154 actividades de investigación en relación con este caso, que ha implicado a altos funcionarios del gobierno presidido por Gustavo Petro.
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El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha afirmado su inocencia y declaró que todas sus acciones han sido conforme a la ley. "Mi trabajo se ha realizado dentro del marco de la ley y estoy a la espera de ser llamado por la justicia para aclarar mi situación", expresó. Además, la Fiscalía ha iniciado una indagación preliminar contra Bonilla y Carlos Ramón González, confiscando seis computadores de funcionarios en la Casa de Nariño con el objetivo de obtener más información sobre el caso.
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Este escándalo de corrupción ha sacudido a la política colombiana, involucrando a varios congresistas y altos funcionarios gubernamentales en una compleja red de corrupción y sobornos, que sigue bajo escrutinio de las autoridades judiciales del país.