La Corte Suprema de Colombia ha citado al presidente Gustavo Petro para que proporcione su testimonio en un caso de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este escándalo salió a la luz en mayo de 2024, cuando el exfuncionario Sneyder Pinilla reveló que el Gobierno estaba realizando pagos millonarios a congresistas para asegurar el respaldo de reformas sociales.
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El magistrado Francisco Farfán, encargado del caso, ha ordenado una inspección judicial en las oficinas de la Presidencia y en la Secretaría del Senado y de la Cámara de Representantes. El objetivo es obtener detalles sobre la reforma a la salud, rechazada en abril, y la reforma pensional, aprobada en junio de 2024 y sancionada públicamente en la Plaza de Bolívar.
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Además del presidente Petro, otras figuras clave han sido llamadas a declarar. Entre ellas se encuentran el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, y el secretario de Transparencia, Andrés Idárraga. Este último ha sido acusado de tráfico de influencias por Olmedo López, exdirector de la UNGRD, quien actualmente colabora con la justicia. Aunque López no ha acusado directamente a Petro, ha mencionado a varios de sus colaboradores cercanos como partícipes en las irregularidades.
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Sneyder Pinilla y López también señalan al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, de haber direccionado contratos millonarios de la UNGRD a cambio de apoyo legislativo. En su declaración del 25 de junio, López afirmó que se buscaba que los congresistas votaran a favor de las reformas a cambio de contratos. Un punto destacado en el escándalo es un "cónclave" donde estas estrategias fueron discutidas, a pesar de que el presidente Petro no estuvo presente.
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La investigación ha revelado que Bonilla aprobó una adición presupuestal de 208.000 millones de pesos para la UNGRD, integrada en un proyecto de ley presentado por el senador Juan Diego Echavarría. Bonilla ha negado rotundamente las acusaciones y ha manifestado su disposición a enfrentar cualquier investigación, defendiendo su inocencia con fervor.
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En el transcurso de la inspección judicial, se buscará evidencia que vincule estos pagos a la aprobación de la reforma pensional, la cual fue promulgada en junio tras recibir el voto mayoritario de los congresistas. Esta reforma es uno de los proyectos más significativos de la administración de Petro y su aprobación en la Plaza de Bolívar marcó un hito en su gobierno.
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El caso se ha convertido en un asunto de gran relevancia en el ámbito político colombiano. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, también está bajo escrutinio, aunque su participación directa aún no está claramente establecida.
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Con la citación del presidente Petro y otros altos funcionarios, el magistrado Francisco Farfán busca esclarecer las acusaciones y determinar la veracidad de los señalamientos expuestos por Sneyder Pinilla y Olmedo López. La transparencia y la limpieza en el proceso legislativo son fundamentales para la confianza ciudadana en las instituciones del Estado.
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La Corte Suprema continuará con las inspecciones y audiencias programadas, y los resultados de estas investigaciones podrán tener un impacto significativo en el panorama político y administrativo del país. Este es uno de los pocos casos en la historia de Colombia en que un presidente en ejercicio es citado directamente por la Corte Suprema en relación a un caso de corrupción.