En un comunicado oficial, la Presidencia de Colombia confirmó que durante la transición de la Consejería para las Regiones a la nueva administración, fueron recibidos dos computadores incompletos, pertenecientes a contratistas del equipo de la exconsejera Sandra Ortiz. Uno de los computadores carecía de disco duro y el otro de memoria, lo que ha obstaculizado la investigación sobre la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) en un escándalo de corrupción que ha involucrado a figuras de alto nivel del gobierno de Gustavo Petro.
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Sandra Ortiz renunció en mayo de 2024 tras ser acusada de soborno. El exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, acusó a Ortiz de haber entregado 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, para facilitar la aprobación de reformas gubernamentales. Asimismo, Pinilla afirmó que se entregaron 1.000 millones de pesos al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, sugiriendo un esquema de corrupción en el que los fondos de la UNGRD fueron utilizados para sobornos a políticos.
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El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, también está involucrado en el caso y ha declarado ante la Corte Suprema que recibió órdenes del gobierno para direccionar contratos hacia la guerrilla del ELN. Tanto López como Pinilla serán imputados el 25 de julio por su participación en estas actividades ilícitas.
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Los computadores pertenecientes a los asesores de Ortiz, Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán, eran esperados como elementos clave en la investigación. Castiblanco era el encargado de preparar la información para los consejos de ministros, mientras que Durán coordinaba el cumplimiento de sentencias en contra de la Presidencia. Su contenido podría haber aportado datos cruciales para esclarecer los detalles de los presuntos actos de corrupción.
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El escándalo ha alcanzado directamente a miembros cercanos al presidente Gustavo Petro. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, ha sido acusado de ordenar la oferta de contratos de la UNGRD a congresistas a cambio de votos. Esta situación ha llevado a la Corte Suprema a citar al presidente Petro para que explique su versión de los hechos.
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El caso también ha revelado irregularidades en contratos específicos como la compra de 40 carrotanques para La Guajira, señalados por sobrecostos. Este episodio ha puesto en evidencia un esquema más amplio de corrupción dentro del gobierno y ha levantado cuestionamientos sobre la integridad de los procesos contractuales en la administración pública.
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La desaparición de la información almacenada en los computadores y la implicación de altos funcionarios plantea serias dudas sobre el compromiso del gobierno en combatir la corrupción y garantizar la transparencia en la gestión pública. La comunidad y las autoridades están a la espera de los resultados de las imputaciones y de más revelaciones que permitan aclarar el alcance y los responsables de este entramado corrupto.