La Fiscalía General de la Nación de Colombia ha abierto una investigación preliminar centrada en varios altos funcionarios presuntamente implicados en un esquema de corrupción relacionado con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de Desastres (UNGRD). Entre los investigados se encuentran el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, el director de Inteligencia Nacional Carlos Ramón González, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y la exasesora del Ministro de Hacienda María Alejandra Benavides.
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El caso se originó a partir de las declaraciones del exdirector de la UNGRD, Olmedo López, quien afirmó que Bonilla le ordenó ofrecer contratos a congresistas a cambio de apoyo legislativo. López, quien dirigió la UNGRD hasta febrero de 2024, ha colaborado con la justicia y ha enfatizado que el presidente Gustavo Petro no está involucrado en los hechos.
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Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, presentó pruebas en forma de chats que implican a Bonilla en esta trama de corrupción. Las acusaciones específicas incluyen un "cónclave" realizado en la Casa de Nariño en noviembre de 2023, donde Bonilla, Velasco y González discutieron estrategias para obtener votos mediante la adjudicación de contratos.
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Uno de los puntos clave en las investigaciones es la adición presupuestaria de 208.000 millones de pesos aprobada en junio de 2023 para la UNGRD, gestionada por Bonilla. Además, Pinilla presentó una resolución del 11 de diciembre de 2023 que autorizaba la transferencia de 700.000 millones de pesos a la UNGRD para atender desastres naturales. Pinilla sostiene que después de dicha resolución, empezaron las presiones para direccionar contratos.
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Los contratos en cuestión, por un total de 92.000 millones de pesos, fueron destinados a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Salado (Carmen de Bolívar), y según las denuncias, requerían que los municipios declararan calamidades inexistentes para recibir estos fondos.
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La situación ha generado fuertes reacciones políticas. Varios políticos, incluido el senador David Luna y la representante Catherine Juvinao, han pedido la renuncia de Bonilla para asegurar la transparencia en las investigaciones. Por su parte, Bonilla ha manifestado su inocencia y ha asegurado que su equipo jurídico presentará todas las pruebas necesarias para demostrar su integridad.
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La audiencia de imputación de cargos está programada para el 25 de julio de 2024, fecha en que se espera arrojar más luz sobre el asunto y determinar las responsabilidades correspondientes. Este caso representa uno de los escándalos de corrupción más significativos en la historia reciente de Colombia, poniendo en cuestión la gestión de recursos destinados a la atención de desastres naturales. Los informes de corrupción en la gestión de desastres naturales no son exclusivos de Colombia; muchos países en América Latina han enfrentado desafíos similares en la transparencia de la administración de fondos de emergencia.