En abril de 2025, tras casi diez años de debates, los países miembros de la Organización Marítima Internacional (OMI) llegaron a un acuerdo para abordar las emisiones de gases de efecto invernadero en el transporte marítimo, un sector que actualmente es responsable del 3% de las emisiones globales. El pacto incluye la adopción de estándares obligatorios para el uso de combustibles más limpios y la introducción de un mecanismo de precios de carbono, con la meta final de alcanzar emisiones netas cero en 2050.

Las medidas contempladas comenzarán a aplicarse en 2028, momento a partir del cual los propietarios de barcos estarán obligados a utilizar combustibles más limpios o enfrentar sanciones económicas que alcanzarán los $380 por cada tonelada de CO2 emitida. De acuerdo con las primeras estimaciones, estas disposiciones podrían reducir las emisiones del sector en un 8% para 2030, aunque la OMI mantiene como objetivo a corto plazo una disminución del 20% para finales de la década. Además, las nuevas regulaciones se centrarán en embarcaciones de más de 5,000 toneladas, responsables del 85% de las emisiones de CO2 en el sector.

El impacto económico del acuerdo también es significativo. Se espera que el mecanismo de precios de carbono genere entre $11 y $13 mil millones anuales, los cuales serán destinados a un fondo dedicado a la adopción de combustibles más limpios y tecnologías sostenibles en la industria. Asimismo, las empresas tendrán la opción de comerciar créditos de carbono, incentivando la implementación de prácticas más responsables.

A pesar de estos avances, el acuerdo ha enfrentado críticas por parte de grupos ambientalistas y países en desarrollo. Una de las principales preocupaciones radica en la ausencia de un impuesto global sobre el carbono que pudiera destinarse directamente a financiar estrategias contra el cambio climático en las naciones más vulnerables. Además, algunos detractores argumentan que los barcos podrían optar por pagar las tarifas en lugar de implementar medidas sustanciales para descarbonizar sus operaciones.

El acuerdo, que se aprobó en Londres, generó un intenso debate y requirió una votación inusual debido a las objeciones de países como Rusia y Arabia Saudita. Sin embargo, el consenso final apunta hacia una transición progresiva dentro de una de las industrias más difíciles de descarbonizar.

El documento será formalmente adoptado en octubre de 2025 y entrará en vigor en 2027, otorgando a la industria un período de tiempo razonable para adaptarse a los nuevos requisitos. Estas medidas forman parte de un estándar de combustible marino que busca reducir de manera progresiva la intensidad de carbono presente en los combustibles utilizados.

Aunque todavía queda un largo camino por recorrer para enfrentar de manera integral los retos del cambio climático en el sector marítimo, este acuerdo es un paso clave y consolida un esfuerzo conjunto en la búsqueda de la sostenibilidad global.

El transporte marítimo es responsable del traslado del 80% de los productos comercializados a nivel mundial, lo que lo convierte en un pilar fundamental del comercio global y resalta la importancia de regular sus emisiones para combatir el cambio climático.