Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín, ha lanzado una grave denuncia penal contra el proceso de privatización de UNE-EPM, que está siendo llevado a cabo por la actual administración de la Alcaldía de Medellín. Quintero ha presentado una queja formal ante la Fiscalía General de la Nación, alegando la desaparición de más de 1 billón y 400 mil millones de pesos en este proceso. La denuncia apunta a una serie de irregularidades y posibles actos de corrupción relacionados con la privatización de la empresa de telecomunicaciones.

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Según Quintero, la privatización de UNE-EPM se está realizando a un precio muy inferior al valor real de la compañía. El exalcalde sostiene que la valoración de UNE-EPM el año pasado era de 3 billones de pesos, pero la actual administración pretende venderla por solo 1,6 billones. Además, se invirtieron más de 300 mil millones de pesos en capitalización, generando una discrepancia alarmante sobre el destino de esos fondos.

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La denuncia también señala que, antes de iniciar el proceso de privatización, Federico Gutiérrez, el actual alcalde de Medellín, vendió las torres de UNE a mitad de precio y sin informar a la ciudad. Quintero cuestiona el paradero de los 700 mil millones de pesos provenientes de la venta de estas torres y la infraestructura de la empresa.

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El exalcalde acusa a los miembros del Concejo de Medellín, incluido el presidente del Concejo, Andrés Tobón, y Sebastián López, de intentar aprobar la privatización en un tiempo récord de solo 7 días y con solo dos debates. Este apresuramiento, según Quintero, impide un debate adecuado y transparente sobre el futuro de UNE-EPM y sus implicaciones para la ciudad.

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La denuncia también incluye preocupaciones sobre posibles conflictos de interés y irregularidades en el proceso de privatización. Quintero ha señalado que, durante el gobierno anterior, el Concejal Sebastián López intentó hacer que la cláusula de protección del patrimonio público venciera, lo que podría favorecer a Millicom, una empresa con la que la administración actual tiene una relación estrecha. La hermana del alcalde Gutiérrez, según Quintero, también fue nombrada por Millicom en Tigo, lo que añade una capa adicional de controversia.

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Además, se ha informado que la plata obtenida de la privatización se destinaría a una fundación para ejecutar proyectos del alcalde, lo que suscita dudas sobre el uso adecuado de estos fondos.

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Quintero ha llevado sus denuncias no solo a la Fiscalía General de la Nación, sino también a la Contraloría y la Procuraduría, advirtiendo que si Medellín y Colombia no actúan con urgencia, será demasiado tarde para evitar las consecuencias de lo que él considera un desfalco monumental.

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La situación plantea una serie de preguntas críticas sobre la transparencia y la legitimidad del proceso de privatización de UNE-EPM. La comunidad y las autoridades deben exigir una revisión exhaustiva y una rendición de cuentas para proteger los intereses de la ciudad y del país.