El 26 de septiembre de 2024, una jueza en Colombia sentenció a 10 años de prisión a los policías Alfonso Quinchanegua y Dana Canizales por interceptar ilegalmente las llamadas telefónicas de Marelbys Meza, exniñera de los hijos de Laura Sarabia, mano derecha de Gustavo Petro y actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). Sarabia denunció la pérdida de una maleta con una suma considerable de dinero en efectivo, lo que llevó a sospechar sobre Meza y motivó a miembros de seguridad de la Presidencia a investigarla.

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Además de la condena, ambos policías recibieron multas pecuniarias y fueron inhabilitados para ejercer cargos públicos. La jueza determinó que los condenados podrán cumplir su pena bajo arresto domiciliario. Quinchanegua y Canizales admitieron ante la Fiscalía haber cometido irregularidades en el procedimiento, aceptando cargos por fraude procesal y falsificación de documentos públicos. Durante el juicio, se reveló que los oficiales utilizaron documentos falsos para obtener la autorización de un fiscal y poder intervenir las líneas telefónicas de Meza. Ambos policías indicaron que actuaron bajo órdenes de superiores de la Policía Nacional, aunque no precisaron nombres.

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El caso se originó en enero de 2023, cuando el entonces esposo de Sarabia, Andrés Parra, denunció que un bolso con dinero en efectivo, cuyo monto no ha sido esclarecido pero se estima en varios miles de dólares, desapareció de la casa de ambos. Esta situación llevó a los policías a presentar documentación falsa para justificar la interceptación de sus llamadas. Meza ha negado rotundamente haber robado el dinero y ha expresado que su vida y salud han sido gravemente afectadas por el escándalo.

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Su abogado, Iván Cancino, ha manifestado su intención de seguir investigando y llevando a juicio a otros posibles implicados en este caso, sugiriendo que altos rangos de la Policía podrían estar involucrados. La Fiscalía continúa sus investigaciones, enfocándose también en otros oficiales como el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredi Morales, quienes se encuentran detenidos y han solicitado su libertad, aunque esta petición fue denegada.

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Durante el juicio, las pruebas presentadas por la Fiscalía acreditaron que el intendente Quinchanegua y la patrullera Canizales utilizaron documentos falsos para lograr que un fiscal de hurtos permitiera intervenir las líneas de teléfono de Meza. En el comunicado, el ente acusador reivindicó el logro de su acción investigativa. No obstante, los dos acusados han reiterado que las órdenes para escuchar ilegalmente a la exempleada de Sarabia provinieron de sus superiores en la Policía Nacional, sin revelar nombres.

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Ambos policías pidieron perdón a las víctimas. “Como humanos cometemos errores y no somos perfectos, y mi caso no es la excepción”, manifestó Canizales en una audiencia a inicios de septiembre. Por su parte, Quinchanegua pidió “excusas públicas” a todos los afectados “tanto moral como psicológicamente”.

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Este caso es el primero en el marco de un amplio escándalo que ha sacudido a Colombia desde hace un año y medio y que también involucró el suicidio de un coronel de la Policía que trabajaba en la Presidencia. Meza, quien antes fuera empleada del embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, lamentó en una audiencia del juicio que su vida cambió drásticamente y que su salud se ha deteriorado a raíz de los acontecimientos.

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El abogado defensor de Meza, Iván Cancino, celebró la condena de los policías, pero anunció que se mantendrá en el caso, en la búsqueda de más responsables. “Seguimos, ellos no actuaron solos”, indicó en una publicación en X. La versión de Meza y de los condenados es que las órdenes de las escuchas emanan de niveles más altos de la Policía. Cancino indica que tiene pruebas de que hay “altos rangos” de la institución implicados.

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A su vez, el abogado de Quinchanegua, Diego Gutiérrez, ha señalado a otros policías relacionados con la Presidencia de la República. En una entrevista para W Radio, calificó la condena de su representado de “excesivamente alta”, por lo que anunció que ya presentó un recurso de apelación, que deja el caso en manos del Tribunal de Bogotá.

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La Fiscalía investiga a otros implicados, como el capitán Carlos Andrés Correa y el patrullero Jhon Fredi Morales, también policías y señalados por los mismos delitos. Los uniformados están detenidos y han pedido ante un juez ser puestos en libertad, argumentando un vencimiento de términos, pero su petición fue negada, pues el juez determinó que las demoras en el proceso se han debido a la defensa.