Protesta y vandalismo

El caso de la afamada influencer conocida como Epa Colombia permite hacer un análisis juicioso sobre el alcance y los límites de la protesta social.

Después de un proceso judicial que ha durado seis años, en el que intervinieron el juzgado respectivo, el Tribunal Superior de Bogotá y, finalmente, la Corte Suprema de Justicia, se llevó a cabo un examen exhaustivo sobre un fenómeno cada vez más frecuente en Colombia. Este caso genera preocupación en la ciudadanía, que observa con impotencia cómo una protesta social, aparentemente legítima dentro de los cánones constitucionales, puede degenerar en agresión, destrucción de bienes públicos y privados, y la comisión de delitos que afectan a personas inocentes, incluso con consecuencias fatales.

La protesta es un derecho fundamental en cualquier Estado democrático, pero su ejercicio debe estar acompañado por el respeto a los derechos colectivos y la garantía de la seguridad para todos los ciudadanos. La ley debe ser un instrumento de protección para la sociedad en su conjunto.

Por estas razones, la sentencia condenatoria de la Corte Suprema contra la reconocida comunicadora y agitadora se convierte en un precedente sobre cómo deben actuar las autoridades frente a este tipo de situaciones. Esto cobra aún más relevancia cuando los protagonistas son figuras públicas con gran influencia en la opinión pública, lo que exige reflexión, responsabilidad y ejemplar comportamiento.

La Corte Suprema lo dejó claro en su fallo: "actuó por fuera del marco normativo que permite la protesta social, dado que su actuar de ninguna manera fue pacífico, sino que, por el contrario, fue violento y destructivo… tenía plena idoneidad para instigar a delinquir a través de conductas constitutivas de terrorismo".

La falta de acción oportuna y firme frente a los excesos en las protestas ha llevado al país a lamentables extremos. No se puede olvidar que, en el sector educativo, este tipo de actos se han vuelto recurrentes. Junto a los estudiantes, aparecen encapuchados y personas ajenas al movimiento estudiantil, que se escudan en el caos para cometer actos de vandalismo y delitos graves. Estos incluyen ataques a sistemas de transporte, destrucción de infraestructura y agresiones contra civiles y uniformados, con consecuencias que la mayoría de los ciudadanos rechaza.

Ojalá esta sentencia sirva como un llamado de atención para que las autoridades comprendan el verdadero alcance de la protesta social y la responsabilidad que tienen quienes la protagonizan.