El recorte anunciado en los créditos del Icetex constituye una muy mala noticia para todos aquellos que con gran esfuerzo tratan de adelantar un plan de estudios que les permita abrirse paso en la vida.
40.000 estudiantes notificados de que no tendrán financiación de sus estudios, por los recortes de presupuesto, significa no solo ahogar las esperanzas de los jóvenes de escasos recursos, sino observar un desequilibrio no calculado en las prioridades de inversión estatal, pues truncar un plan de educación a un desprotegido estudiante significa algo cruel que nos lleva a un escenario de frustración muy grande.
La supresión de esos cupos indica un recorte del 80%; brutal la cifra; pero que además estuvo acompañada de otra con el mismo calificativo: la tasa de interés para los créditos educativos pasa de 10,9% a 17%, lo que significa un descuadre significativo para quienes están cumpliendo con los planes de pago, de acuerdo con unas condiciones ya estipuladas y cruelmente modificadas.
Este panorama nos lleva a contemplar un cuadro de deserción en donde muchos jóvenes van a quedar marginados del proceso educativo, con el agravante de que no van a encontrar posibilidades de empleo por dos causas: una, la carencia de un título educativo, y dos, la difícil barrera que impone el alto índice de desocupación en Colombia, circunstancias que agravan el panorama social.
Colombia no se puede dar el lujo de frenar el proceso educativo, pues se trata de la oportunidad para que la población esté en condiciones de asumir los compromisos que exige el futuro y que requieren de un talento humano en las mejores condiciones para afrontar las expectativas de crecimiento.
Está clarísimo que las universidades públicas no están en capacidad de absorber toda la demanda que existe en materia de cupos a los más débiles, lo que significa que muchos deben acudir a las universidades privadas para poder cumplir con sus expectativas de capacitación, lo cual requiere la ayuda del gobierno, tal como lo ha venido haciendo con los recursos del Icetex.
La encrucijada es apremiante: la universidad pública no tiene cupos disponibles y un sector enorme de estudiantes requiere una opción, que en la oferta privada está disponible y el crédito educativo es la única solución, o de lo contrario, queda condenado a la exclusión.
Fuera de eso, muchos estudiantes requieren del subsidio de sostenimiento, para transporte y alimentación, pues sus precarias condiciones económicas no les permite asumir los costos de sus necesidades básicas, y se encuentran con que ese factor también tiene dificultades y para muchos les ha significado retrasos de varios meses, dejándolos en un estado de desprotección lamentable.