La trampa del pánico económico: quién gana y quién pierde

La economía colombiana ha demostrado una resiliencia notable a pesar de las críticas y la polarización política. Mientras algunos sectores insisten en el fracaso del actual gobierno, los indicadores muestran una realidad más matizada: las utilidades del sector financiero han sido altas, el turismo ha vivido un auge sin precedentes, la inflación y el desempleo han mostrado signos de mejoría y el peso se ha mantenido fuerte, las reservas de Ecopetrol han aumentado. Sin embargo, estos logros se ven opacados por una narrativa de crisis constante, promovida desde sectores que buscan generar incertidumbre y miedo como herramienta política.

El establecimiento económico y político, en un esfuerzo por blindarse ante un gobierno que perciben como hostil, ha dificultado la posibilidad de ejecutar una política económica más ágil y autónoma. La política del Banco de la República es un claro ejemplo: en el pasado, las tasas de interés estaban parejas con la inflación, pero hoy la duplican, encareciendo el crédito y limitando el crecimiento económico. Esta estrategia, lejos de ser puramente técnica, tiene un fuerte componente político que restringe la capacidad del gobierno para impulsar su agenda.

A pesar de estos obstáculos, hay iniciativas que apuntan en la dirección correcta. La recompra de deuda externa con apoyo de países árabes es un movimiento estratégico que podría reducir la carga financiera del país. Asimismo, fortalecer la relación con China y el BRICS podría ser una alternativa viable ante un sector privado local plagado de corrupción, como lo evidenciaron escándalos como el de Odebrecht, Reficar y el caso Abudinen, por hablar de los más grandes desfalcos. La contratación pública ha sido históricamente controlada por un grupo de empresarios que, más que fomentar el desarrollo, han utilizado el Estado como fuente de enriquecimiento personal.

Otro aspecto clave ha sido la reducción de tarifas de energía, que ha beneficiado a empresas y ciudadanos. Este ajuste ha permitido democratizar los ingresos que antes terminaban en las manos de las termoeléctricas, las mismas que apostaban al fracaso de Hidroituango para mantener su dominio sobre el sector. Sin embargo, la inamovible Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sigue operando en favor de los intereses privados y de las termoeléctricas, actuando en una especie de puerta giratoria donde los mismos beneficiarios de las altas tarifas ocupan cargos clave. Esto contradice el mandato constitucional, que establece que es el gobierno el que fija la política energética y tarifaria en función del interés general. La falta de control sobre este organismo ha perpetuado un modelo donde el lucro privado prevalece sobre el bienestar ciudadano.

Si bien la economía ha mostrado señales de estabilidad, sectores clave como la inversión extranjera requieren un entorno de confianza. Colombia sigue atrayendo capitales en infraestructura, energía y tecnología, aunque la polarización política y la incertidumbre regulatoria pueden limitar este flujo. En el ámbito industrial, las altas tasas de interés han encarecido el crédito, afectando el crecimiento del sector manufacturero, aunque la reducción de costos en servicios como la energía ha mitigado parte del impacto. Las reformas laborales y pensionales también han sido foco de debate. Mientras algunos sectores advierten sobre posibles efectos negativos en la competitividad, otros insisten en que son cambios necesarios para mejorar las condiciones de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad del sistema.

En términos de política social, la ampliación de transferencias directas ha sido vista por algunos como asistencialismo, aunque su impacto en el consumo interno y la reducción de la desigualdad es innegable. La clave radica en equilibrar estas medidas con estrategias de crecimiento sostenible que fomenten la autosuficiencia económica. Asimismo, si bien el turismo ha sido un motor de crecimiento, el país debe fortalecer otros sectores estratégicos como la agroindustria, la economía digital y la transición hacia energías renovables para diversificar sus fuentes de ingreso y garantizar un desarrollo más equilibrado.

El gobierno ha cometido errores en su gestión. La falta de planificación en la política económica y la dificultad para vender una reforma tributaria sin choques innecesarios han debilitado su capacidad de maniobra. En lugar de confrontar abiertamente, un enfoque más diplomático y de consenso con sectores moderados de la oposición podría haber permitido avances más sólidos sin tanta resistencia. Muchos de los premios Nobel de Economía no fueron economistas, lo que demuestra que el análisis económico no debe estar reservado solo a los expertos. Es fundamental que como ciudadanos nos involucremos en estos temas para no dejarnos llevar por cifras frías ni por discursos alarmistas.

Hace poco más de dos años, la propaganda del miedo llevó a muchos colombianos a migrar por temor a impuestos elevados y un supuesto colapso económico que nunca ocurrió, debiendo pagar en el extranjero impuestos muy onerosos. Ahora, con la economía estable, muchos han debido regresar, evidenciando que el catastrofismo fue infundado. En otros países, la difusión de información falsa para generar pánico económico es un delito castigado con severidad. En Colombia, sin embargo, basta con retractaciones tardías para evadir responsabilidades.

Desideologizar la agenda económica es un desafío urgente. Si bien la política y la economía están entrelazadas, es necesario un debate basado en hechos y no en el miedo. Reconocer los avances sin negar las dificultades permitirá construir soluciones reales en lugar de alimentar la polarización. La estabilidad del país depende, en gran medida, de superar el uso del miedo como herramienta política y centrarnos en una visión pragmática y equilibrada del futuro económico.

El rumbo de la interpretación judicial también ha sido motivo de debate. Mientras los fallos resultan implacables con ciudadanos comunes y pequeños empresarios, los grandes conglomerados económicos parecen navegar en aguas tranquilas, sin enfrentar sanciones proporcionales a los escándalos en los que se ven envueltos. Ejemplo de esto es el polémico fallo que eximió a las transnacionales de hidrocarburos de pagar impuestos, dejando las finanzas públicas a la deriva. Además, el Consejo de Estado, en su Sección Tercera, determinó eludiendo el debate jurídico y cercenando de tajo una juiciosa sustentación realizada por H. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que este no era competente para sancionar a Odebrecht y Episol (filial de Corficolombiana - Grupo Aval), generando como superiores jerárquicos grima, prurito y frustración, tumbando así una sanción clave en el escándalo de corrupción más grande en la historia del país. Como decía mi profe Alfonso Ortiz Rodríguez: "Es mejor saber las cosas, que estar arriba."

Nuestra Corte Constitucional parece estar entrando en una suerte de era Lochner, con decisiones que han afectado la reforma tributaria del gobierno Petro y su búsqueda de mayor justicia fiscal. Un claro ejemplo es la sentencia C-489/23, que declaró inconstitucional la prohibición de la deducción de regalías, privando al Estado de unos seis billones de pesos anuales que ahora quedan en manos de las industrias extractivas. Como señala Rodrigo Uprimny Yepes en su columna publicada en Dejusticia, "Nuestra Corte Constitucional parece estar entrando en una suerte de era Lochner por decisiones que están dando al traste con la reforma tributaria de Petro, que precisamente buscaba una mayor justicia tributaria" (https://www.dejusticia.org/column/se-esta-lochnerizando-la-corte-constitucional).

Ni hablar de la ponencia del H. Magistrado Ibañez, tras presentar ponencia negativa a la reforma pensional, militante no solo en las juventudes del Partido Conservador y concejal en 1978 por esa colectividad, lo que genera no suspicacias de su objetividad, sino que revela que muchos Magistrados no administran justicia de manera neutral y objetiva sino de manera sesgada y partidista, sin atisbo de  reflexionar que la majestad de administar justicia es una misión donde no se busca el apoyo de amigos y copartidiarios, ni tampoco los aplausos de las barras desde las gradas, ni los honores que recibe un militar al regresar de una guerra, como alguna vez manifestó ese H. Magistrado sabio y estudioso, el Dr. Jaime Nanclares Vélez, sino la solitaria y autónoma labor de querer acertar y brindar una decisión no solo justa, sino sustentada sin pasiones ni compromisos, en la soledad del sacrificio y denodado esfuerzo. Agrego yo, sin busqueda de populismos o aprobación en los clubes selectos, en los que jamás te dejarán entrar.

Finalmente, un capítulo aparte merece la venta de las reservas de oro durante el gobierno de Iván Duque, una transacción avalada por la Junta del Banco de la República e integrada a las reservas internacionales del país. Lo preocupante es que la venta ocurrió justo cuando el precio del oro comenzaba a repuntar sin esperar hasta su máximo histórico, en un mercado menos volátil que otros activos. Además, la confidencialidad en torno al comprador plantea interrogantes sobre quién adquirió el oro y cuánto ganó en la reventa cuando los precios alcanzaron niveles récord. Debe revaluarse esa confidencialidad, el Estado no puede negociar sin dar ejemplo de transparencia y subrepticiamente el patrimonio de todos tras bambalinas y menos con quien sabe quién, dejando en manos de unos pocos elegidos, no despojados de sus naturales atuendos ideológicos, el patrimonio de todos, el ansiado por algunos rufianes vestidos de políticos: el patrimonio público.