EL MUNDO EN 2025: CINCO TEMAS QUE IMPACTARAN LA AGENDA INTERNACIONAL

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PARTE II

6- ¿UNA «TERCERA ERA NUCLEAR»?

Mientras la complejidad algorítmica se acelera, los debates sobre la seguridad nuclear nos retrotraen al pasado: desde un nuevo auge en la nuclearización, al recurso constante de la amenaza nuclear como intimidación. Con una arquitectura de seguridad global cada vez más débil, la carrera armamentística internacional avanza acelerada y sin guardarraíles. Según el Stockholm International Peace Institute (SIPRI), tanto la cantidad como el tipo de armas nucleares en desarrollo se ha incrementado durante el último año, a medida que la disuasión nuclear vuelve a ganar terreno en la estrategia de los nueve estados que almacenan, ((Rusia, Estados Unidos, Francia, China, Reino Unido, India, Pakistán, Israel, Corea del Norte. Rusia y Estados Unidos son los países con más cabezas nucleares. América Latina renunció a las armas nucleares con el Tratado de Tlatelolco y el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares), o han detonado armas nucleares. Por todo ello, los riesgos de un accidente o de un error de cálculo seguirán muy presentes en 2025, tanto en Ucrania como en Irán.

Precisamente, coincidiendo con los 1.000 días de la invasión rusa de Ucrania y la escalada bélica sobre el terreno, Vladimir Putin impulsó cambios en la doctrina nuclear rusa, reduciendo el umbral para el uso de armas nucleares. El texto actualizado dice que un ataque de un Estado no nuclear contra Rusia, si es respaldado por una potencia nuclear, será tratado como un ataque conjunto contra Rusia. Para reforzar su mensaje, el Kremlin amenazó con usar el misil supersónico ruso Oreshnik sobre Ucrania, un proyectil que puede llevar seis cabezas nucleares y viajar a 10 veces la velocidad del sonido. En este contexto, el despliegue de soldados norcoreanos para apoyar a Rusia en el frente ucraniano, a finales de 2024, supone también la implicación de otra potencia nuclear en el conflicto, y abre nuevas incógnitas sobre qué recibirá Pyongyang a cambio. Al respecto, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, señalaba el aumento del apoyo ruso al desarrollo de capacidades armamentísticas y nucleares del régimen de Kim Jong-un. Como resultado, la amenaza de una potencial desestabilización del equilibrio en la península coreana y la vuelta al poder de Trump han reavivado, todavía más, el debate nuclear en Seúl y Tokio, que ya había ido ganando fuerza desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania.

También se pueden producir cambios en la política nuclear de Estados Unidos. El Proyecto 2025, el manual ultraconservador que pretende guiar a la administración Trump, aboga por la reanudación de las pruebas nucleares en el desierto de Nevada aun cuando detonar una bomba nuclear subterránea violaría el Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares (CTBT, por sus siglas en inglés), que Estados Unidos firmó en 1996. Bajo la primera administración Trump, la industria de las armas nucleares ya experimentó un auge. Esta vez, sin embargo, los expertos consideran que, de llevarse a cabo el programa, ello significaría la acumulación más dramática de armas nucleares desde el inicio de la administración Reagan, hace unas cuatro décadas.

En paralelo, los dos estados nucleares europeos –Francia y el Reino Unido– también se encuentran en un proceso de modernización del sector. El Gobierno británico está inmerso desde 2021 en una ampliación de su arsenal de cabezas nucleares y, como miembro del acuerdo trilateral del AUKUS junto a Estados Unidos y Australia, formará en 2025 a centenares de oficiales australianos en la gestión de reactores nucleares para preparar a Camberra en su futura adquisición de submarinos propulsados con energía nuclear. También Francia está desarrollando su propio diseño de submarino «de última generación».

Además, 2025 será un año decisivo para el programa nuclear de Irán. Se aproxima la fecha límite para que las potencias mundiales pongan en marcha el mecanismo de reactivación de todas las sanciones que se levantaron en el acuerdo que ponía freno a la expansión nuclear iraní, el llamado Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA, por sus siglas en inglés). De momento, Teherán ya ha advertido que, si vuelven las sanciones, Irán se retirará del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP). La amenaza alimenta todavía más los factores de riesgo de la escalada bélica en Oriente Medio y la posibilidad de que Israel se plantee atacar instalaciones nucleares iraníes.

Asimismo, se ha reactivado el debate nuclear en Europa, que sigue los pasos de una tendencia global. Se espera que la producción de energía nuclear rompa récords mundiales en 2025, a medida que más países invierten en reactores para impulsar el cambio hacia una economía global que busca superar el carbón y diversificar las fuentes energéticas. La UE, que se encuentra en un momento crítico para intentar satisfacer la demanda energética a la vez que impulsa el crecimiento económico, también vive un nuevo ímpetu del debate nuclear. Aproximadamente una cuarta parte de la energía de la Unión es nuclear, y más de la mitad se produce en Francia. En total, hay más de 150 reactores en funcionamiento en territorio comunitario. El pasado mes de abril, 11 países de la UE (Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chequia, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia y Suecia) firmaron una declaración que instaba a los reguladores a «liberar plenamente» el potencial de la energía nuclear y a «habilitar condiciones de financiación» para apoyar la ampliación de la vida útil de los reactores nucleares existentes. Italia se plantea renunciar a ser el único miembro del G-7 sin plantas de energía nuclear y levantar la prohibición que pesa sobre el despliegue de «nuevas tecnologías de reactores nucleares». Un posible retorno de los cristianodemócratas de la CDU a la cancillería alemana, tras las elecciones del próximo mes de febrero, podría reabrir el debate sobre la decisión tomada por Angela Merkel en 2023 de cerrar el último reactor nuclear que operaba en el país.

Finalmente, Taiwán, pese al fuerte rechazo nuclear tras la catástrofe de Fukushima en su vecindario, también se encuentra en plena reflexión sobre la energía nuclear, en un año donde se cerrará la última central todavía en funcionamiento. En efecto, la necesidad de hacer frente a la demanda creciente de producción de semiconductores debido al auge de la IA, que apuntábamos en el punto anterior, ha tensionado enormemente el consumo energético del país. El Gobierno taiwanés no es el único que se encuentra en esta tesitura. Microsoft está ayudando a reactivar la planta nuclear Three Mile Island, en Pensilvania, que cerró en 2019, mientras Google (propiedad de Alphabet) y Amazon están invirtiendo en tecnología nuclear de próxima generación.

7- URGENCIAS CLIMÁTICAS SIN LIDERAZGO COLECTIVO

2024 habrá sido el año más cálido del que se tenga registro. También habrá sido el primero en el que la temperatura media haya superado en más de 1,5°C los niveles preindustriales, lo que marca una nueva escalada de la crisis climática y el fracaso de los intentos por mantener la temperatura global por debajo de ese umbral. Solo hasta junio de 2024, los fenómenos climáticos extremos ya habían causado daños económicos por valor de más de 41.000 millones de dólares y afectado a millones de personas en todo el mundo. Y, sin embargo, la lucha global por la mitigación está cada vez más falta de liderazgo político. Lo demuestran los debates y los resultados de la COP29 celebrada en Bakú el pasado mes de noviembre, donde todos los esfuerzos políticos se dedicaron a una sola batalla: la financiación. Aun así, el compromiso de los países ricos de aportar 300.000 millones de dólares al año para 2035 se considera insuficiente para cubrir las necesidades de los países más pobres y garantizar justicia climática. El coste de la mitigación y la adaptación para los países en desarrollo se estima alrededor de entre 5 y 6,8 billones de dólares hasta 2030. Además, el pesimismo bebe de los hechos: si bien los países desarrollados adoptaron, en 2009, el compromiso de dedicar 100.000 millones de dólares al año para financiar el clima, no se llegó a cumplir con este objetivo hasta el año 2022.

En Bakú, un Norte Global bajo la estela de la victoria de Donald Trump y la influencia de una agenda política que ha relegado el clima a un segundo plano frente a la inflación o los precios de la energía decidió no pelear la batalla de la mitigación. Si en la COP28 de Dubái se dijo por primera vez que el mundo debía iniciar una transición para dejar atrás los combustibles fósiles, en la COP29 esto ni siquiera se mencionó. 2025 será un año para medir compromisos, tanto financieros como de acción. Los países firmantes del Acuerdo de París (2015) (Trump acaba de derogar el decreto administrativo de Biden de pertenecer al acuerdo de Paris), deberán presentar los planes de acción nacionales para demostrar que están cumpliendo con los compromisos de mitigación acordados. Esta nueva ronda de contribuciones nacionales tiene su fecha de entrega prevista para febrero, pero es probable que muchos países no lleguen a tiempo y que su nivel de ambición no esté a la altura de lo que la ciencia y la emergencia climática reclaman.

Además, Estados Unidos –segundo emisor mundial de gases de efecto invernadero después de China– podrían asestar un nuevo golpe a la lucha global contra el cambio climático si Donald Trump decide volver a retirar a su país del Acuerdo de París, como ya hizo en su primer mandato, (ya lo hizo). Más complicado lo tendría, sin embargo, para salir de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), el tratado que sustenta dicho acuerdo y las conversaciones multilaterales sobre el clima. Sin embargo, esta no es la única incertidumbre de la «transición verde» estadounidense. La elección por parte de Trump de Chris Wright, un ejecutivo petrolero de Liberty Energy y negacionista de la crisis climática, para dirigir el Departamento de Energía puede volver a priorizar los combustibles fósiles frente a los objetivos de energía verde.

También la nueva Comisión Europea deberá decidir qué papel quiere jugar en este «invierno geopolítico» que frena los esfuerzos para reducir las emisiones que calientan el planeta. Las nuevas mayorías políticas dificultarán a la UE actuar como un actor unitario en cuestiones climáticas, como se ha puesto de manifiesto recientemente en el Parlamento Europeo con la polémica decisión de aplazar y suavizar la ley europea contra la deforestación. Así, en 2025 veremos cómo crece la tensión en el seno de la UE para reducir la regulación y los estándares medioambientales.

Mientras el progreso global en la lucha por la mitigación se ralentiza y el liderazgo de Estados Unidos queda vacío, China expande su ambición y su influencia. En 2025 hay esperanzas puestas en la transición energética china y en su nuevo papel de contribuyente financiero voluntario al acuerdo sellado en Bakú. Según los expertos, el consumo de carbón y las emisiones de CO2 de China podrían alcanzar su pico en 2025 – cinco años antes de su objetivo. Los avances climáticos que alcance China tendrán no solo un impacto evidente para el planeta, sino también para los intereses económicos y energéticos del gigante asiático. Parte de la transición económica de China después de la pandemia ha ido dirigida a incentivar el desarrollo y la implementación de energías renovables, convirtiéndose en el sector que más contribuyó al crecimiento económico del país en 2023. Pero, a su vez, también tiene implicaciones geopolíticas: cuánto más crece su consumo energético de renovables, más disminuye la dependencia a la importación de hidrocarburos de terceros países, incluida a Rusia. Según el viceprimer ministro Ding Xuexiang, China ha dedicado 24.500 millones de dólares para la financiación climática global desde 2016. Con una mayor presión por parte de Bruselas para que China aumente sus contribuciones, es posible que veamos al país asiático tratando de mejorar su imagen mediante un mayor activismo climático este 2025.

No obstante, los grandes protagonistas en renovables son los países del Sur Global. Según un estudio publicado por el think tank RMI, la adopción de estas tecnologías por parte de países del Sur va a un ritmo y una escala mucho mayor que en los del Norte. La Agencia Internacional de Energía (AIE) estima que las nuevas instalaciones de energía solar y eólica de estos países han crecido un 60% en 2024, con Brasil, Marruecos y Vietnam a la cabeza, registrando una mayor tasa de adopción de estas energías que parte de Europa y Estados Unidos.

La celebración en 2025 de la COP30 en Brasil, uno de los países más ambiciosos en sus compromisos climáticos, alimenta aún más las expectativas y las esperanzas de un nuevo ímpetu global en la lucha contra el cambio climático, que tenga en cuenta las necesidades y reclamos del Sur Global. Si bien se espera que el discurso de la adaptación, una demanda histórica de estos países, empiece a ganar terreno en la agenda internacional y local, el cambio de narrativa podría esconder nuevos retos: por un lado, la necesidad de pensar en un mundo más allá del incremento de 1,5ºC de temperatura; y, por otro, el riesgo de aumentar las desigualdades entre comunidades y países con más capacidad de adaptación, ya que la pobreza está directamente relacionada con la resiliencia de un país a los riesgos climáticos y su capacidad para recuperarse de ellos. Esto coloca a los países en desarrollo en una situación de riesgo considerable, y la brecha de adaptación es cada vez más amplia.

8- GÉNERO: FIN DE LOS CONSENSOS

En 2025 se agrava la polarización entorno a los consensos de género. Mientras las agendas conservadoras ganan terreno político, los acuerdos internacionales que, desde las últimas décadas, han permitido avanzar en la igualdad de género, vuelven a discutirse. Por un lado, 2025 será un año de celebración de dos hitos internacionales para los derechos de las mujeres: el 30.º aniversario de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, adoptada tras la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (1995), y el 25.º aniversario de la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MPS). La conmemoración de ambos acuerdos, adoptados en un momento marcado por el optimismo y los éxitos de movimientos feministas transnacionales, invitarán a reflexionar sobre los consensos perdidos, los retos existentes y la falta de voluntad política para llegar a su total adopción e implementación. Por el otro lado, destaca el Foro Generación Igualdad, iniciado en 2021 para la celebración de los 20 años de la Resolución 1325, con el objetivo de alcanzar avances consolidados en los derechos de las mujeres y niñas en cinco años, tendrá que dar cuentas de sus compromisos no alcanzados. Según la asociación Population Matters, uno de cada tres países no ha realizado ningún avance en materia de género desde 2015, y la situación de las mujeres ha empeorado en 18 países, especialmente en Afganistán y Venezuela.

La dificultad de encontrar nuevos consensos, liderazgos y voluntad política se hace patente en el intento de adoptar nuevos planes internacionales para proteger los derechos de mujeres y niñas. Según los datos de WILPF, el 30% de los Planes de Acción Nacional (PAN) para la implementación doméstica de la Agenda MPS expiraron hace más de dos años, y las estrategias nacionales de 32 países u organizaciones regionales finalizarán entre 2024 y 2025, lo que abrirá una incógnita sobre su actualización y renovación en un contexto internacional marcado por la conflictividad, el auge de la extrema derecha y la polarización entorno al género. En 2025, también finalizarán dos acuerdos para promover la igualdad de género que deberán ser renegociados: la Estrategia de Igualdad de Género del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Plan de Acción en materia de Género III (GAP III, por sus siglas en inglés) de la UE. En este último caso, se hace difícil vislumbrar una Comisión tan comprometida con la igualdad de género como fue el primer mandato de Ursula Von der Leyen, durante el cual se adoptó la Directiva para la Violencia contra las Mujeres o se completó la adhesión de la UE al Convenio de Estambul. Sin embargo, en los primeros pasos de su segundo mandato, se empiezan a entrever las dificultades para seguir por la misma senda. Si bien en su presentación de las líneas políticas para la nueva Comisión, Von der Leyen declaró su compromiso con la igualdad de género y el colectivo LGBTIQ, el equipo de comisarios propuestos por los gobiernos de la Unión ya ha desafiado su voluntad de liderar una Comisión paritaria. De los 27 miembros del ejecutivo de Bruselas, solo 11 son mujeres –incluyendo a la propia presidenta y a la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, la estonia Kaja Kallas. Además, la figura de la Comisaria para la Gestión de Crisis y para la Igualdad –competencia que fue introducida por primera vez en 2019–, como su cargo indica, ahora también se encargará de la gestión y prevención de crisis, diluyéndose, así, el énfasis en el ámbito de la paridad de género. Asimismo, con un Parlamento Europeo más derechizado y con un mayor número de gobiernos comunitarios liderados por formaciones de extrema derecha y antifeministas, difícilmente se podrá avanzar en medidas progresistas.

En este contexto, el retorno de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos augura otro duro revés para la igualdad de género, especialmente en el ámbito de los derechos para la salud sexual y reproductiva. La llegada al poder de candidatos republicanos siempre va acompañada de la recuperación de la llamada «política de Ciudad de México» (también conocida como Global Gag Rule), que impone serias restricciones internacionales a los derechos de salud sexual y reproductiva. Se trata de una política que prohíbe a las ONG del sector de la salud ofrecer servicios de aborto legal y seguro e, incluso, hacer activismo para la reforma de leyes contra la interrupción voluntaria del embarazo en sus propios países si reciben financiación estadounidense –aunque lo hagan con sus propios fondos. Pero esta restricción no sólo se queda en el ámbito de la ayuda al desarrollo. Entre otras medidas que recoge, de nuevo, el Project 2025, se incluye la eliminación de lenguaje para la igualdad de género, la orientación sexual y la identidad de género, o la protección de derechos de salud sexual y reproductiva en futuras resoluciones de Naciones Unidas, pero también en la política y las regulaciones domésticas de Estados Unidos.

En 2017, países como Suecia y Canadá –entonces los únicos países que habían adoptado una política exterior feminista– corrieron a suplir el vacío dejado por el cambio de prioridades estadounidenses, con la articulación de proyectos internacionales como el SheDecides, que buscaba canalizar el apoyo político internacional para garantizar la «autonomía corporal» de mujeres en todo el mundo. Sin embargo, desde 2022, con Suecia abandonando la bandera del feminismo en política exterior, y otros países como Canadá, Francia o Alemania, concentrados en sus próximas elecciones y en la inestabilidad política doméstica a la que deberán enfrentarse en 2025, resulta difícil imaginar liderazgos y financiamiento alternativos. Europa vive su propia involución.

Pero los retrocesos en los consensos políticos al más alto nivel no se quedan ahí. Tras las elecciones estadounidenses, el acoso y la misoginia han ido copando las redes sociales con comentarios como «Tu cuerpo, mi decisión» (your body, my choice), con un incremento de hasta el 4.600% de este mensaje en Twitter/X. La violencia cibernética contra las mujeres está al alza: según un estudio de 2023, alrededor de un 98% de las deep fakes son pornográficas y afectan a mujeres. Dichos escándalos se han multiplicado con la IA, abriéndose un debate sobre la regulación y posible criminalización de estos casos.

9- DEPORTACIÓN DE MIGRANTES Y DERECHOS

2024 cierra con el retorno de miles de refugiados sirios hacia su país. Después de 14 años de guerra civil, la caída del régimen de Bashar al-Assad ha generado esperanzas en un país con la mayor crisis de desplazamiento forzado del mundo, según Naciones Unidas, con más 7,2 millones de desplazados internos –más de dos tercios de la población del país– y 6,2 millones de refugiados, principalmente alojados en los países vecinos de Egipto, Irak, Jordania, Líbano y Turquía. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre del momento político y de que los combates siguen abiertos sobre el terreno, algunos países de la UE (Alemania, Italia, Suecia, Dinamarca, Finlandia o Bélgica) se han apresurado a suspender las solicitudes de asilo de miles de refugiados sirios, y otros, como Grecia o Austria, han tomado medidas para su expulsión. El Gobierno austríaco incluso ha puesto en marcha un programa de deportación que está reevaluando la situación de unos 40.000 sirios a los que se les había concedido el estatus de refugiado en el país en los últimos cinco años. Todos estos movimientos agravan, aún más, el debate entre socios europeos acerca del concepto de «tercer país seguro» que tanto han criticado las organizaciones sociales.

2025 será un año de deportaciones. Lo será a nivel discursivo y operativo. La inmigración ha sido la piedra angular de la carrera política de Donald Trump y, en su segunda campaña presidencial, prometió ejecutar la mayor deportación de la historia. ¿Cómo se llevará a término? Está por ver si asistiremos a deportaciones escenificadas, o cuál puede ser el impacto real en el mercado laboral estadounidense de una política que, según múltiples estudios, no es un juego de suma cero en favor de los trabajadores autóctonos: porque los inmigrantes no regularizados trabajan en ocupaciones diferentes a los nacidos en Estados Unidos, porque crean demanda de bienes y servicios, y porque contribuyen a la salud fiscal del país a largo plazo. Asimismo, hay dudas sobre la sostenibilidad económica de este tipo de políticas, sobre todo ante la perspectiva del crecimiento de flujos y el aumento dramático en el número de deportaciones que ya ha habido en Estados Unidos desde la pandemia (de unas 300.000 personas al año). No obstante, la victoria de Trump disparó en la bolsa el valor de empresas que se dedican a deportar migrantes, al monitoreo o la vigilancia de la frontera, así como a la gestión de centros de reclusión. La industria de la deportación va al alza.

Además, la deportación ya no es únicamente un instrumento del Norte Global. Irán se plantea deportaciones masivas de afganos; el sistema de deportación turco se ha reforzado con cientos de millones de euros provenientes de la UE; y también Túnez está llevando a cabo «expulsiones colectivas» ilegales de inmigrantes con fondos de la Unión. Por su parte, Egipto aplica, desde hace meses, detenciones masivas y devoluciones forzadas de refugiados sudaneses.

A nivel europeo, en 2025 los estados miembros de la UE tienen que presentar sus planes nacionales de implementación del nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Su entrada en vigor está prevista para 2026, pero España ha pedido que las nuevas herramientas en materia de control de fronterizo y de reparto de personas migrantes puedan empezar a usarse ya el próximo verano. Sin embargo, el pacto nace ya impugnado por algunos estados miembros, que piden reemplazarlo por un modelo que permita el traslado de los migrantes a centros de internamiento situados en países extracomunitarios considerados seguros. En este sentido, la decisión de Italia, el pasado agosto, de abrir dos centros de este tipo en Albania, aunque acabó en un sonoro fracaso judicial para el Gobierno de Giorgia Meloni, fue un claro adelanto de la creciente tensión existente entre política y estado de derecho. En este contexto, además, en 2025 los jueces pueden empezar a notar con mayor intensidad la falta de herramientas para la protección de los derechos de asilo y refugio, en un contexto global que lleva años finiquitando la protección internacional. La guerra en Gaza –que en su primer año ha llevado al desplazamiento forzoso del 85% de su población– ilustra el fracaso estrepitoso del derecho internacional, tanto en el ámbito humanitario como en el del asilo.

El miedo, como dinámica que impregna políticas, tanto en el campo migratorio como en las relaciones internacionales, ganará terreno en 2025. Por eso, la escenificación de la deportación se ha convertido en un instrumento simbólico de disuasión. La criminalización del migrante –que se siente señalado– y el discurso de la carga social que explotan determinados gobiernos con una agenda de recorte público, marcan la pauta en un sistema internacional cada vez más obsesionado por la protección de las fronteras y menos interesado (y equipado) en garantizar una migración segura y regular.

10- MILITARIZACIÓN DE LA INSEGURIDAD

En este mundo de instituciones débiles, se multiplican los resquicios por los que se cuela y expande el crimen organizado. Las redes que articulan y coordinan la delincuencia constituyen negocios multimillonarios, transnacionales, con jerarquías y alianzas estratégicas. Mientras el orden global se fragmenta, la geopolítica de las mafias evoluciona con nuevos actores y un cambio de metodología: en lugar de competir, los grupos del crimen organizado están cooperando cada vez más, compartiendo elementos de las cadenas de suministro globales para el tráfico de drogas y personas, los delitos ambientales, la falsificación de medicamentos o la minería ilegal –que en algunos países, como Perú o Colombia, generan igual o más dinero que el narcotráfico–. Redes globales que van de China a Estados Unidos y de Colombia a Australia, a través de «narcosubmarinos», explican la diversificación de negocios y escenarios; pero también su capacidad de penetrar estructuras de poder y erosionar el estado de derecho, porque se dan en un contexto de incremento de la corrupción de los estados y de sus sistemas judiciales y de seguridad.

En Ecuador, por ejemplo, uno de los puntos calientes del tráfico de drogas a escala mundial, el Gobierno ha declarado la guerra a 22 organizaciones criminales y habla de «conflicto armado interno». Puerto Príncipe, la capital de Haití, es hoy una ciudad tomada por la violencia de grupos criminales enfrentados por disputas territoriales, que han llevado a las distintas bandas armadas a tomar el control de vecindarios, de comisarías de policía, y hasta bloquear temporalmente el aeropuerto. La última escalada de violencia ha dejado un saldo de casi 4.000 muertes y más de 700.000 desplazados dentro del país, de acuerdo con datos de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por su parte, la crisis geopolítica del fentanilo, que tiene su epicentro en México, como productor consolidado de esta droga sintética desde la pandemia de la COVID-19, se ha convertido en un problema bilateral de primer orden con Estados Unidos y Canadá, y en una amenaza para América Central.

También en Europa. Ciudades portuarias como Marsella, Roterdam o Amberes son puntos de llegada e incautación de droga. La delincuencia organizada es el mayor reto al que se enfrenta actualmente el Gobierno sueco, con 195 tiroteos y 72 atentados con bombas, que se han cobrado 30 vidas solo en este último año. Con la globalización, esta nueva realidad hiperconectada ha llegado, incluso, a las islas del Pacífico, que ahora ocupan un lugar más destacado en el tablero estratégico internacional por la proliferación de compromisos comerciales, diplomáticos y de seguridad. Ello ha transformado también el panorama criminal de la región, con la presencia de las tríadas y los sindicatos asiáticos, los cárteles de América Central y del Sur, y bandas de moteros ilegalizadas en Australia y Nueva Zelanda.

Según el Índice Global de crimen organizado, por lo menos el 83% de la población mundial vive en países con niveles elevados de criminalidad, cuando en 2021 era el 79%. Si el crimen organizado es uno de los ganadores de este nuevo orden fragmentado, con el aumento de la violencia se han impuesto también las políticas de securitización. En América Latina, por ejemplo, la apuesta clara por la militarización de la seguridad, –buscando soluciones nacionales (de contención de la violencia) a lo que es un desafío transnacional– ha favorecido respuestas de «mano dura».