En un fallo de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación dispuso la suspensión e inhabilidad por seis meses del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien se desempeñó en el cargo durante el periodo 2020-2023. La sanción implica que Quintero no podrá ocupar ningún cargo público durante dicho periodo, además de imponerle una multa económica cercana a los 100 millones de pesos.
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De acuerdo con el ente de control, la decisión se fundamentó en que Quintero empleó "expresiones veladas" de apoyo al movimiento Pacto Histórico, con lo cual buscaba obtener respaldo para una posible aspiración presidencial en las elecciones de 2022. La Procuraduría presentó pruebas consistentes en publicaciones en redes sociales, tales como un video en el que Quintero mencionaba un "cambio en primera" y mostraba explícitamente su voto por el Pacto Histórico.
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A pesar de los intentos de Quintero por defenderse, argumentando que sus expresiones no formaban parte de un eslogan de campaña, la Procuraduría determinó que estas publicaciones, consideradas en su conjunto, infringían las leyes sobre la neutralidad política que debía mantener en su rol como alcalde. Esta actuación se vio agravada por el uso de elementos de su despacho para hacer proselitismo político, contraviniendo la imparcialidad requerida en la función pública.
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La sanción también obedece a la normativa que prohíbe a los servidores públicos participar en actividades políticas con el fin de salvaguardar el orden institucional. La inhabilidad especial impuesta a Quintero significa que no podrá ocupar cargos públicos durante el periodo de suspensión de seis meses.
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En respuesta, Quintero ha anunciado que apelará el fallo, argumentando que la Procuraduría General de la Nación no tenía competencia para investigarlo en primera instancia. Su defensa ha solicitado la nulidad de todo lo actuado, alegando que la entidad excedió sus facultades establecidas. La Procuraduría ha mantenido su postura, calificando las acciones de Quintero como un abuso de su cargo y una inclinación ilegítima de la actuación del Estado a favor de una corriente política específica.
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En resumen, este fallo de la Procuraduría impone a Daniel Quintero Calle una inhabilidad de seis meses para ejercer cargos públicos, una sanción de suspensión y una multa económica cercana a los $100 millones, debido a su participación política durante su periodo como alcalde de Medellín en apoyo al Pacto Histórico. Quintero, por su parte, ha indicado que apelará la decisión. La inhabilitación de funcionarios públicos por participación en política es una medida esencial de los entes de control para garantizar la imparcialidad y el correcto funcionamiento de las instituciones democráticas.