El gobierno de Donald Trump ha anunciado un cambio significativo en las políticas de uso de terrenos públicos, permitiendo actividades extractivas en áreas que anteriormente estaban protegidas bajo la administración de Joe Biden. Entre las áreas afectadas se encuentran alrededor de 264,000 acres de las Montañas Ruby en Nevada y parte de la cuenca alta del río Pecos, ubicada en el centro-norte de Nuevo México. Estas protecciones, implementadas durante las semanas finales de la administración Biden, tenían como objetivo garantizar la preservación ambiental y proteger comunidades indígenas y locales.

La decisión fue anunciada el viernes por la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, quien detalló que esta medida también incluye la autorización para realizar tala en más de la mitad de los bosques nacionales del país, un área que equivale a casi 113 millones de acres. Rollins justificó esta acción argumentando "eliminar restricciones onerosas" pertenecientes a la administración anterior y fomentar la revitalización de comunidades rurales mediante el aumento de la producción maderera y energética.

En un comunicado, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señaló que esta iniciativa busca “reafirmar el papel de Estados Unidos como potencia energética mundial” al facilitar el acceso a recursos críticos como uranio, cobre, oro, plata y otros minerales. Sin embargo, las Montañas Ruby, a pesar de ser habilitadas para perforación de petróleo y gas, carecen de reservas conocidas de estos recursos, según un informe del Servicio Forestal de 2019, que describió tales proyectos en la zona como no viables.

La región de la cuenca alta del río Pecos también enfrenta desafíos tras el cambio de regulación. En la década de 1990, un derrame minero contaminó el río, afectando el suministro de agua. Más recientemente, en 2019, una compañía australiana solicitó permisos para exploraciones por oro, cobre, zinc, plomo y plata en la zona, lo que generó movimientos para la protección permanente de estas tierras.

Esta acción ha causado un amplio rechazo de grupos ambientalistas y líderes políticos locales. Ralph Vigil, de la organización ambiental New Mexico Wilderness Alliance, subrayó el impacto negativo que esto puede tener en la economía de recreación al aire libre y en los recursos hídricos de la región. "Nadie en esta comunidad quiere industrias extractivas ni ninguna amenaza a nuestra cuenca hidrográfica", declaró Vigil.

Legisladores como el senador Martin Heinrich de Nuevo México y la senadora Catherine Cortez Masto de Nevada también expresaron su oposición enérgica. Cortez Masto destacó la importancia económica de las Montañas Ruby para el turismo local, aseverando que la zona posee potencial energético extremadamente bajo, pero representa un pilar para la economía turística de Nevada.

La administración Biden había establecido previamente protecciones con una vigencia de 20 años para las áreas afectadas tras solicitudes de tribus indígenas y comunidades locales. Estas medidas formaban parte de un plan más amplio que incluyó restricciones de actividades extractivas en 674 millones de acres de tierras públicas y aguas federales, la mayor cantidad registrada por un presidente de Estados Unidos.

Con la intención de promover la producción de combustibles fósiles y recursos críticos, el presidente Trump ordenó revertir políticas destinadas a mitigar el cambio climático, además de invocar poderes en tiempos de guerra para acelerar la explotación de ciertos elementos considerados esenciales para la seguridad energética nacional.

Las críticas hacia las modificaciones resaltan cómo la administración actual prioriza los intereses de la industria extractiva por encima de preocupaciones ambientales y económicas de las comunidades locales. En Nevada, entidades bipartidistas han trabajado para proteger las Montañas Ruby, hogar de la mayor población de ciervos mulos del estado y un lugar destacado para actividades al aire libre, considerado como “el corazón de la recreación al aire libre” en la región.

Estos conflictos subrayan las tensiones constantes entre desarrollo económico, conservación ambiental y las comunidades implicadas en decisiones federales respecto al uso de terrenos públicos.