La cacería contra Quintero y el festín de los intocables

La primera vez que llevé mi hoja de vida a la Fiscalía General de la Nación, tenía una ilusión sincera. Era una nueva entidad, una promesa de justicia en un país desgarrado por la impunidad. Admiraba al fiscal general Gustavo de Greiff y veía en la Fiscalía un lugar donde construir mi futuro.

Aún no había concursos de méritos. Me citaron a una entrevista en un edificio estrecho, donde el director seccional de Fiscalías de Antioquia tardó en recibirme. Mientras esperaba, entró una mujer deslumbrante y se hizo delante de mí. Solo estábamos ella y yo en ese pasillo. Elegante, voluptuosa, de actitud arrogante. Me miró de arriba abajo y, con un gesto desdeñoso, preguntó:

—¿Tú eres de qué universidad?

Respondí en seco, sin ganas de conversación:

—De la Universidad de Antioquia.

Si antes despreciaba mi atuendo modesto, ahora desdeñaba también mi universidad. Con una retahíla de ironías y despropósitos, intentó hacerme sentir insignificante. Era bella, sí, pero ladina y soberbia. No me dejaba provocar. Durante minutos interminables y sofocantes continuó su andanada hasta que claudiqué y solo atiné a llamarla:

—¡Bruja!

Un segundo después, salió el director. Apenas la vio, se iluminó como un niño en Navidad. Ella, rápida y zalamera, se levantó y, acercando sus pechos exuberantes a su pecho, lo abrazó con efusividad:

—¡Doctor! ¡Doctora! Blablablá…

El director se volvió hacia mí, casi con disculpa:

—Doctor, ¿me permite si entrevisto primero a la doctora?

—Claro, doctor —respondí.

Pasó más de una hora. Cuando por fin salieron, sentí que estaba ante un pelotón de fusilamiento. No quedaba nadie más por entrevistar. Me levanté, pero el director me ahorró la despedida:

—No, doctor, ya terminamos las entrevistas. Si lo necesitamos, lo llamamos.

Vi la sonrisa triunfal de la "bruja", inflando aún más sus pechos. Me marché abatido. Olvidé de inmediato a tan intrascendente dama, no a su director.

Poco después, llegó el concurso de méritos. Obtuve uno de los mejores puntajes y clasifiqué en Medellín, evitando la periferia de Antioquia. Y, como un guiño del destino, ¿adivinen quién me dio la clase de ética en el curso de inducción previo a la posesión de fiscales? Sí, el mismo director. Me senté en el centro, en primera fila. Él, abochornado y balbuceante, apenas podía sostenerme la mirada.

En Colombia, la justicia no es ciega: tiene dueños. Se arrodilla ante los poderosos y se ensaña con los rebeldes. No equilibra la balanza, la usa como garrote.

Hoy, el blanco es Daniel Quintero, el hombre que se atrevió a desnudar la podredumbre en Medellín. Lo han sometido a una tormenta de más de 500 hallazgos que, pese al escándalo mediático, no han desembocado en pruebas serias ni condenas.

Mientras tanto, los grandes saqueos del país siguen intactos, protegidos por un manto de impunidad que cubre a empresarios, políticos y contratistas.

Hablemos de Hidroituango: $13 billones evaporados entre sobrecostos, contratos amañados y desastres financieros que aún amenazan a Empresas Públicas de Medellín (EPM). ¿Detenidos? Ninguno. Los responsables siguen colocando alcaldes a su antojo.

O tomemos Reficar, la estafa del siglo: $8.5 billones desaparecidos en contratos inflados y manejos turbios de multinacionales intocables. Un robo a plena luz del día con una Fiscalía convenientemente ciega.

EPM, la joya pública de Medellín, fue convertida en caja menor de una élite empresarial que la exprimió en inversiones ruinosas en Chile, Panamá, México y España. Miles de millones drenados sin explicaciones ni culpables.

Cuando Quintero intentó poner orden, el establecimiento lo convirtió en enemigo público número uno.

Esto no es una guerra política ni un error administrativo. Es un modelo de saqueo sostenido. La clase corporativa-política de Antioquia —una mafia sin balas, pero con contratos— ha blindado su negocio con total impunidad.

Aquí entra la Fiscalía, el brazo ejecutor del lawfare, el modelo de persecución judicial con el que en América Latina se eliminan líderes incómodos.

Le pasó a Petro cuando lo destituyeron como alcalde. Le pasó a Carlos Caicedo cuando la Procuraduría intentó inhabilitarlo. Y ahora le pasa a Quintero.

El guion es el mismo:

1. Una campaña mediática orquestada por medios al servicio del poder económico. El Colombiano —cuyo mayor accionista estuvo en el desastre de Hidroituango— ha sido su verdugo principal.

2. Una Fiscalía implacable contra los adversarios, pero indulgente con los poderosos.

3. Un aparato político que cierra el cerco y aísla al acusado.

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El mensaje es claro: quien desafíe el orden será aplastado.

Pero lo que no calcularon es que la persecución no siempre destruye a un líder: a veces lo convierte en símbolo.

Quintero no tiene bancos financiando su defensa ni grandes grupos empresariales diseñando su estrategia. Pero tiene algo más peligroso: una ciudadanía que empieza a darse cuenta de que este ataque es selectivo.

Porque si hay 500 hallazgos sólidos, ¿por qué en años de investigación no hay una sola condena? ¿Por qué los fiscales que lo investigan terminan vinculados a administraciones rivales? ¿Por qué los responsables de Hidroituango, Reficar y EPM siguen intocables?

La respuesta es evidente: la Fiscalía no persigue la corrupción; la protege.

Y cuando la injusticia es tan descarada, la historia suele tomar caminos inesperados.

Si no, preguntémonos: ¿De quién se ufanaban hace años de que nunca sería presidente… y hoy ocupa la Casa de Nariño?

Luz Adriana Camargo lleva un año como fiscal general. Llegó con promesas de cambio, pero la impunidad sigue intacta.

No ha tocado a los corruptos de cuello blanco. No ha reducido los escandalosos índices de corrupción. Ni siquiera entrega comunicados.

Entre cócteles y reuniones, su único logro ha sido personal: llegar al cargo.

Mientras tanto, la persecución contra Quintero sigue en manos de fiscales que luego terminan trabajando para sus enemigos.

Y si la crisis ya era grave, el nuevo concurso de fiscales delegados solo la profundiza: se convoca a tan solo 80 cargos como fiscales delegados ante tribunales superiores con sueldos de más de $30 millones, cuando las vacantes son el doble, dejan vacantes diseñadas para perpetuar el control en sus mejores gregarios, parientes y cercanos a sus coaliciones.

Porque en Colombia, la meritocracia es un chiste, y la justicia, una finca privada. Aunque considero que no hay que ser fundamentalista y muchos funcionarios judiciales no aprueban concursos siendo incluso más destacables y acuciosos que muchos de carrera, pero para eso están las calificaciones periódicas -que mucho me temo- en la actualidad, en un ente tan politizado, son sesgadas, por tanto deberían suplirse con los mejores, pero ¿quién lo define sin subjetivismo?

El poder se blinda, pero la historia tiene giros inesperados. Ya hemos visto antes cómo los perseguidos de hoy terminan escribiendo los capítulos del mañana.