El 24 de julio de 2024, en el municipio de Císneros, Antioquia, Colombia, se desató una intensa polémica tras la detención de una caravana de camionetas blindadas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), la cual transportaba a 18 disidentes de las FARC, entre ellos varios cabecillas del Estado Mayor Central (EMC), además de 11 escoltas.
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Durante la intervención, las autoridades colombianas confiscaron 100 millones de pesos (aproximadamente 25,000 dólares), dos pistolas y 11 cartuchos, junto con otros elementos no especificados.
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De los 18 disidentes presentes en la caravana, 7 fueron capturados debido a órdenes de captura vigentes. Posteriormente, tres de estos disidentes capturados fueron liberados, junto con otros 11 que no fueron arrestados inicialmente. Camilo González Posso, coordinador de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el EMC, explicó que los disidentes tenían autorización para asistir a una reunión en el Catatumbo y que las órdenes de captura en su contra estaban suspendidas temporalmente.
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Entre los detenidos se encontraba Édgar de Jesús Orrego, alias 'Firu', acusado de estar involucrado en el asesinato de seis soldados en Valvidia, y Erlinson Echavarría Escobar, alias 'Ramiro', quien fue liberado tras la suspensión de su orden de captura. También estaba Alexánder Díaz Mendoza, alias 'Calarcá', líder del bloque Jorge Briceño, acusado de desplazamiento forzado de firmantes de paz.
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El presidente de Colombia, Gustavo Petro, defendió la continuidad de las negociaciones de paz con el EMC, a pesar de la controversia surgida tras el incidente. La UNP, encargada de garantizar la seguridad de personas en riesgo, aclaró que está prohibido el uso de sus vehículos para transportar individuos con órdenes de captura.
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El incidente desató críticas contundentes, especialmente por parte del gobernador de Antioquia, Julián Rendón, quien cuestionó la protección ofrecida a disidentes con antecedentes criminales. La Fundación Ideas para la Paz estima que el EMC cuenta con alrededor de 3,500 miembros activos distribuidos en más de 170 municipios del país.
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El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, condenó el uso indebido de los vehículos de la UNP y anunció el inicio de una investigación para esclarecer los hechos. La situación ha generado una creciente incertidumbre sobre el futuro de las negociaciones de paz, que ya enfrentaban múltiples desafíos tanto internos como externos. La Unidad Nacional de Protección (UNP) en Colombia fue creada en 2011 y tiene como objetivo principal proteger a personas en riesgo como consecuencia de su labor social, política o comunitaria, y ha sido criticada en varias ocasiones por presuntos abusos y fallas en su funcionamiento.