El gobierno argentino, encabezado por el presidente Javier Milei, ha comunicado la implementación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad. Esta iniciativa busca predecir delitos futuros mediante el uso de inteligencia artificial, con el fin de fortalecer la prevención del crimen y agilizar las respuestas de las fuerzas de seguridad.
La unidad empleará algoritmos de machine learning para analizar datos históricos de crimen, software de reconocimiento facial para identificar a personas buscadas, y contará con el análisis en tiempo real de imágenes de cámaras de seguridad y monitoreo de redes sociales para detectar actividades sospechosas. Además, se utilizarán drones para la vigilancia aérea de grandes áreas.
La operación de esta nueva unidad se ajusta a las leyes vigentes, incluyendo la Ley de Protección de Datos Personales. Sin embargo, expertos y organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han expresado su preocupación por la posible violación de los derechos de los ciudadanos, en particular la libertad de expresión. Arguye que una vigilancia extensiva podría llevar a los individuos a autocensurarse.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE) han señalado que el uso previo de tecnologías similares ha afectado a periodistas, activistas y académicos, suscitando inquietudes sobre la privacidad y la falta de rendición de cuentas. El experto Martín Becerra ha tildado la iniciativa de potencialmente "antiliberal" y en contraposición con las protecciones constitucionales.
El contexto histórico de Argentina, marcado por la desaparición forzada de aproximadamente 30,000 personas durante la dictadura militar entre 1976 y 1983, agrava los temores sobre el posible abuso de estas tecnologías de vigilancia.
La administración de Milei justifica el proyecto citando casos en países como Estados Unidos, China e Israel, donde el uso de IA en operaciones de seguridad ha permitido respuestas más rápidas y precisas ante amenazas.
La reacción pública ha sido considerable, particularmente tras recientes protestas contra políticas gubernamentales, donde las fuerzas de seguridad fueron criticadas por tácticas severas. Un fallo judicial de 2023 en Buenos Aires declaró inconstitucional el uso de reconocimiento facial, argumentando que no se cumplieron las protecciones legales para los derechos de los ciudadanos.
Este desarrollo sugiere una tendencia hacia un aumento de la vigilancia y el uso de IA en la aplicación de la ley, lo que plantea importantes interrogantes sobre privacidad, libertades civiles y el equilibrio entre la seguridad y los derechos individuales en Argentina. Argentina sufrió la desaparición forzada de alrededor de 30,000 personas durante la dictadura militar de 1976 a 1983, un antecedente que contribuye a la preocupación actual sobre la implementación de tecnologías de vigilancia.