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Los informes de las autoridades judiciales nos dan cuenta de la forma preocupante en que la delincuencia está creciendo en la comisión de todo tipo de delitos, lo que genera que la población en general viva en un estado de alarma y zozobra.
Las cifras de la Corporación para la Excelencia de la Justicia nos indican que cada minuto y medio se comete un delito en el país. Solo leer esto nos coloca frente a una monstruosidad, ya que la cifra da una idea aterradora de la terrible realidad que estamos viviendo.
Además, la Corporación de Jueces y Magistrados señala que, solo en Barranquilla, nueve de cada diez criminales de alto peligro han quedado en libertad por vencimiento de términos, una situación que fácilmente puede repetirse en todas las grandes ciudades de Colombia.
Está comprobado hasta la saciedad que, cuando la justicia no actúa, el criminal sale a continuar delinquiendo, seguramente con mayor perversidad y con el adiestramiento adquirido al convivir con otros delincuentes. Esto incrementa el peligro en una sociedad que se encuentra permanentemente asediada por el crimen.
Desde hace muchos años se ha hablado de la necesidad de contar con mayor personal y recursos técnicos y logísticos para adelantar procesos oportunos que permitan identificar el delito y al delincuente. Si no es posible aplicar el castigo, no solo la justicia se ve burlada, sino también la sociedad entera, que resulta ser la víctima.
Siempre que observamos las encuestas de percepción ciudadana sobre los principales problemas del país, vemos que la inseguridad y la falta de justicia encabezan dichas mediciones de opinión. En las elecciones, los candidatos suelen dedicar buenos espacios para comprometerse con sus eventuales electores en acciones que permitan atacar este terrible flagelo. Sin embargo, la realidad es que las cosas terminan en un catálogo de buenas intenciones, mientras el delito avanza y se transforma en nuevas prácticas, afectando principalmente al ciudadano.
Por otro lado, observamos una clara rivalidad entre las diferentes instancias gubernamentales. Alcaldes, gobernadores y autoridades de policía no logran armonizar sus acciones y se dedican a rivalizar frente a la evidencia de las cifras.
Además, las autoridades judiciales se encuentran en cierto grado de abandono, y sus clamores no son atendidos de forma debida. Esto provoca que, a la hora de la asignación de recursos, no se cuente con los instrumentos necesarios para apoyar todo el proceso de judicialización de las conductas delictivas y sus correspondientes sanciones.
Las cifras no pueden seguir siendo un elemento para aterrarnos. Hay que pasar a la acción, y eso es lo que los colombianos de bien hemos estado esperando desde hace tiempo: que la protección del Estado sea una realidad.
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