Luego de las festividades navideñas y el nuevo 2025, uno esperaría que el espíritu de esta época generara actos de contrición entre tantos corsarios, piratas, bucaneros ejercitando la polítiquería. Pero no. Estas fechas son memorables para cerrar latrocinios y para colmo, amparados en la ley. Creían acaso, ¿qué las leyes eran todas justas? No. Muchas han sido confeccionadas por estos como sacadas del cubilete de un mago, estilo sastre, la ley del embudo: lo ancho pa' ellos, lo angosto pa' uno.
En el oscuro entramado de las asociaciones público-privadas (APP), donde la promesa de desarrollo se convierte en un discurso hueco, la realidad es una sola: el saqueo descarado de las finanzas públicas para el beneficio exclusivo de intereses privados. Bajo el disfraz de la modernización y el progreso, las APP han demostrado ser el vehículo perfecto para transferir recursos estatales a los bolsillos de monopolios y empresas favorecidas.
Concesiones interminables: un contrato con el diablo
¿Cómo se explica que concesiones de servicios esenciales como agua, luz y peajes se firmen a 20 o 40 años, sin controles reales sobre los incrementos anuales? Es una fórmula diseñada para garantizar ganancias perpetuas a los privados mientras los ciudadanos quedan atados a tarifas impagables. Los gobiernos, convertidos en cómplices silenciosos, firman acuerdos leoninos que permiten aumentos indiscriminados sin siquiera exigir mejoras sustanciales en el servicio.
Venta de activos fiscales: el regalo perfecto para los monopolios
La venta de bienes públicos a precios irrisorios no es un error de cálculo; es un acto deliberado de despojo. Se desmantelan empresas estatales rentables para entregarlas a conglomerados que, casualmente, suelen ser financiadores de campañas políticas. Este saqueo institucionalizado no solo crea monopolios voraces, sino que perpetúa la dependencia de los ciudadanos a los caprichos de corporaciones cuyo único interés es maximizar sus márgenes de ganancia.
Los tribunales de arbitramento: jueces comprados y reglas extranjeras
Los tratados de inversión con empresas transnacionales han incluido la vergonzosa cláusula de sometimiento a tribunales de arbitramento internacionales, donde las reglas del juego siempre favorecen a los gigantes corporativos. Ante estas cortes, los estados pierden su soberanía y terminan pagando compensaciones multimillonarias por intentar proteger a su población. Estos acuerdos, defendidos por políticos locales con el pretexto de “atraer inversión extranjera”, son poco más que una rendición incondicional de las finanzas públicas.
CREG: el brazo de los privados en el sector energético
La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) ha dejado, desde hace tiempo, de ser un organismo técnico para convertirse en un bufón al servicio de las termoeléctricas y las empresas privadas. Mientras las tarifas de energía se disparan, el ente regulador ignora a los consumidores y prioriza a los oligopolios energéticos. La anestesia son jugosos salarios, para sobrellevar mejor el sueño y alivianar su conciencia. Pero en realidad es una estercolera que hiede. Es un modelo diseñado para garantizar beneficios extraordinarios a unos pocos a costa del sacrificio de millones de usuarios.
El costo del saqueo
Cada una de estas prácticas representa un golpe directo a los recursos públicos y una bofetada al ciudadano promedio, quien no solo paga la factura de estos desmanes, sino que además queda indefenso ante el abuso sistemático. Las finanzas públicas no están en crisis por la falta de recursos; están en crisis porque son saqueadas descaradamente bajo el amparo de leyes, decretos y acuerdos que benefician siempre a los mismos actores.
Lawfare y cortesías judiciales: el colapso de la justicia
Para completar el círculo del saqueo, ciertos altos cargos de la rama judicial, lejos de ser los guardianes de la justicia, parecen adscritos a una estrategia de lawfare que prioriza intereses corporativos y políticos. Con una preocupante inclinación a otorgar cortesías y licencias sospechosas, han mostrado una alarmante falta de coraje para aplicar una justicia ejemplarizante. Mientras los peces gordos permanecen intocables, las sanciones recaen solo sobre mandos medios, perpetuando un legado de más del 90 % de impunidad.
Este penoso historial demuestra el estrepitoso fracaso de un sistema judicial que, en lugar de ser un bastión contra los abusos, termina siendo parte del engranaje que los facilita. Sin sentencias ejemplares y con una inacción calculada, se sigue alimentando un modelo que convierte el saqueo en regla y la justicia en excepción.
El saqueo corporativo, respaldado por intereses políticos, económicos y judiciales, no solo es un obstáculo para el desarrollo, sino un cáncer que amenaza la esencia misma de la democracia. Es hora de exigir un sistema que realmente defienda el bienestar colectivo y ponga fin a los privilegios de unos pocos.
Será mucho pedirles que, como dijo un expresidente escandalizando con su desfachatez en su época y hoy es la cuotidianidad: "señores hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones".